El Servicio Murciano de Salud (SMS) indemnizará con 800.000 euros a los padres de un bebé con parálisis cerebral por negligencia médica en el parto en el hospital público Santa Lucía, de Cartagena, donde la madre permaneció más de 12 horas sin ser atendida a pesar de los fuertes dolores que sufría.
La mujer acudió a urgencias a las 14:30 horas del 26 de diciembre de 2014 embarazada de casi 38 semanas con fuertes contracciones y tras ser examinada a las 16 horas y comprobado el buen estado del feto, ingresó en planta por «parto latente«.
A partir de las 18 horas la mujer comenzó a sentir fortísimos dolores y, aunque su marido solicitó atención hasta en ocho ocasiones, desde esa hora hasta las siete de la mañana del día siguiente ninguna matrona o ginecólogo acudió a reconocerla, mientras que las enfermeras solo le decían que el dolor era el normal en un parto.
Ante la insistencia de las alarmas, por fin a las 7 de la mañana le puso un monitor que mostró grave bradicardia del bebé por la que se le practicó cesárea urgente que no evitó tristemente el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal grave, tetraparesia espástica secundaria, microcefalia secundaria y enfermedad renal crónica.
Tras acudir a la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y ser derivado su caso al letrado Ignacio Martínez se interpuso reclamación contra el Servicio Murciano de Salud (SMS) por estos gravísimos hechos, por los que un médico no identificado les había dicho a los padres que se había llevado a cabo una investigación interna en el hospital, de la que sin embargo no apareció luego ni rastro en el expediente.
Tanto los profesionales de enfermería como la matrona responsable –con contradicciones- negaron los hechos, en los que sí quedaba claro que los ginecólogos no tuvieron culpa, pues no fueron avisados de la urgencia hasta el final del proceso, cuando no pudieron hacer nada más que practicar una cesárea de urgencia ya tardía.
Por fortuna la compañera de habitación de esa terrible noche y su madre, que fueron testigos de todo y que igualmente reclamaron ayuda varias veces por los dolores, le dieron su teléfono a los padres cuando sucedieron los hechos y se enteraron de que el niño estaba grave y en UCI, por si tenían que declarar algún día, y así fue que el instructor del expediente tomó las declaraciones y pudo verificar los hechos.
Un acuerdo por la precariedad familiar
Desde la Asociación del Defensor del Paciente, señalan que «ante lo evidente de la infracción de la lex artis el SMS a través de su aseguradora ha decidido poner fin al expediente, que estaba ya en fase judicial ante el TSJ Murcia, llegando a un acuerdo con los afectados».
La familia «se encontraba en una situación límite para atender a su pequeño, sin recursos de ningún tipo ni siquiera para productos de farmacia con los que poder alimentarlo (sonda de un calibre especial)».
El mimo día del acuerdo con la aseguradora los padres «tuvieron un juicio penal como acusados por un delito de usurpación de una casa vacía de un banco que habían ocupado para tener un techo donde cobijarse».
Por eso, y aunque son conscientes de que el «dinero recibido no le devolverá la salud a su hijo, pero al menos supondrá que tengan desde ya medios para atenderlo», su «precariedad» ha llevado «a los padres a firmar el acuerdo evitando así un largo proceso judicial», señala el comunicado de la Asociación del Defensor del Paciente.
El menor, que actualmente tiene dos años y medio, sufre como consecuencia un daño cerebral grave y una parálisis que no le permite moverse y requiere ser alimentado con sonda.
