Hoy doce de julio se celebra en toda España, gracias a la actividad de los 83 Colegios de Abogados repartidos por toda nuestra geografía, el Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio.
Esta celebración que durante unas horas situa en primer plano el trabajo de los 43.500 profesionales adscritos a este servicio público, no debe eclipsar la situación actual donde debe aclararse el marco jurídico de este servicio.
La noticia que hace unos días destapaba este medio de comunicación, sobre que el Colegio de Barcelona ya ha optado por la dispensa para aquellos abogados que no quieran estar en el Turno de Oficio, no es sino la confirmación de lo que nos temíamos.
La reforma de la Justicia Gratuita realizada a espaldas de casi todo el mundo, que convierte el servicio en obligatorio, para evitar el Turno de Oficio no debe llevar IVA, presenta grietas importantes desde fuera.
De poco han servido las manifestaciones desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), primero de su presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, Antonio Morán, incluso delante de las escépticas asociaciones del Turno de Oficio, en una jornada en la que este periodista estuvo presente, luego en otros foros y de la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, aludiendo a que todo sigue igual y que nada iba a cambiar. Una forma poco clara de explicar una situación que afecta a todos los abogados de España.
La decisión tomada por el decano saliente del ICAB, Oriol Rusca, de ofrecer dispensa para aquellos colegiados que lo deseen entra dentro de la lógica prudencia ante una situación que puede tener muchas variables. “Es la mejor solución posible de las que hemos estudiado”, pero aún hay decanos de determinados colegios que siguen la línea marcada por la presidenta Ortega y que, en principio, no harán nada.
No estaría de más que los representantes de todos los Colegios de Abogados de España encargaran los informes jurídicos pertinentes para analizar este tema en un próximo Pleno monográfico sobre esta cuestión. Debe ser el CGAE quien marque la pauta y deje claro con argumentos sólidos, no con mejas conjeturas, lo que se debe y no que no se debe hacer.
También sería bueno que pulsaran el punto de vista de las asociaciones del Turno de Oficio que ayudan a los abogados que realizan este servicio con regularidad. Sin ese diálogo entre las instituciones y las asociaciones, la abogacía pierde mucha fuerza reivindicativa de cara a los podres públicos. El frente común siempre ha funcionado mejor que ir cada uno por su cuenta.
En un articulo que Isidro Moreno, presidente de ALTODO Madrid, escribía para este medio llega hasta definir diez motivos por los que la reforma de la Ley de Justicia Gratuita no es pertinente. Una reforma hecha a espaldas de estos profesionales que son los que realmente conocen el sector y sufren los avatares de una actividad mal pagada.
Diez razones que llaman la atención y que concluyen con una que señala “no era necesario hacer este cambio; se trata de una prestación social prestada por entidades sin ánimo de lucro cuales son los Colegios Profesionales, y, por ello, es uno de los supuestos ya contemplados de exención del IVA en la propia normativa nacional y europea”.
Retribuciones de hace seis años
Resulta muy sonrojante y eso demuestra la ineficacia de la abogacía institucional que como se comentó en la presentación del XI Observatorio de la Justicia Gratuita, los emolumentos de los abogados que ofrecen este servicio a las personas más desfavorecidas sean de 2011, cuando estamos en el 2017.
Tanto esta situación, como la aprobación de la citada reforma de la Justicia Gratuita, debe convencer al CGAE de que su estrategia de lobby esté equivocada. Hasta ahora esta maniobra de proximidad con el ministro Rafael Catalá no ha funcionado en absoluto. Como señala en una entrevista concedida a este medio por la nueva decana del ICAB, Maria Eugenia Gay, “hay que defender los intereses de los abogados por encima de todo”.
La Ley de Justicia Gratuita con más de veinte años a sus espaldas necesita una adaptación al nuevo entorno en el que se desenvuelve. Debería ser el marco adecuado para que se contextualizara el Estatuto de los Derechos y Deberes del Abogado del Turno de Oficio, documento que se consensuó en unas jornadas celebradas en Toledo y del que no hemos vuelto a saber nada.
La abogacía institucional debe aclarar que modelo de Justicia Gratuita quiere a corto y medio plazo, desde el consenso y oídas las asociaciones del Turno de Oficio. Un modelo que debe tener un sistema retributivo diferente y más de acuerdo a lo que hace el abogado. Pero para eso hay que sentarse a negociar con el Ministerio y las CCAA respectivas.
Al mismo tiempo, es necesario aclarar lo antes posible, realmente cuál es el efecto REAL de esta reforma de la Ley de Justicia Gratuita, sin triunfalismos ni falsas demagogias. Los más de 140.000 abogados del país esperan esta explicación.
