Pilar Martínez Gamo, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid -sucesora del magistrado Arturo Zamarriego, que se fue a la Audiencia Provincial-, ha decidido prescindir de los servicios del comisario de Policía, Marcelino Martín Blas, el inspector Rubén López, y tres agentes más, en las investigaciones que llevaba a cabo ese órgano judicial en torno al caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, «el pequeño Nicolás», que fue dividido en 6 piezas diferentes.
Los cinco policías fueron adscritos a la investigación por Zamarriego «sin tener que dar cuenta de ellos a sus superiores jerárquicos, cualquiera que fuere la categoría o rango funcionarial de estos», decía el acuerdo del magistrado.
Según Martínez Gamo, ya no son necesarios su servicios.
«En la pieza principal se han practicado las diligencias pertinentes y se encuentra en la situación de dictar alguna de las resoluciones que recoge el artículo 779 de la Lecrim. En las piezas 1 y 3 se ha dictado la resolución prevenida en el artículo 779.4 de la Lecrim, encontrándose en la fase intermedia del procedimiento abreviado. Las piezas 4 y 5 tienen contenido netamente jurídico. En la pieza 6 se ha superado la fase intermedia, habiéndose dictado el auto de apertura de juicio oral del artículo 783 de la Lecrim. Y en la pieza 2 se han practicado las diligencias pertinentes y se encuentra en la situación de dictar alguna de las resoluciones que recoge el artículo 779 de la Lecrim», dice el auto.
En consecuencia «procede acordar la disolución de la comisión judicial que en su día fue nombrada para la investigación de los hechos objeto de autos, no sin antes hacer constar el expreso agradecimiento por los servicios prestados», afirma la magistrada.
A continuación les ordena a los policías que entreguen en el Juzgado los documentos productos de la investigación.
Zamarriego tomó la decisión de poner a su servicio a Martín Blas, tras ser destituido como jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, porque era el que había llevado la investigación desde el principio.
La decisión del magistrado no gustó nada al director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, quien se había puesto del lado del comisario José Manuel Villarejo en la contienda sorda que estaban librando los dos.
