Desde 2014 no se ha concedido ningún indulto a políticos condenados por corrupción
La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, durante su comparecencia. Twitter Congreso.

Desde 2014 no se ha concedido ningún indulto a políticos condenados por corrupción

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21/7/2017 10:36
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Actualizado: 14/9/2017 13:24
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El Gobierno no ha concedido ningún indulto, desde 2014 hasta la fecha, a políticos condenados por corrupción, entendidos estos como delitos contra la Administración pública, según explicó ayer la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

La subsecretaria describió los delitos de corrupción política como aquellos «cometidos por cargos públicos electos o altos cargos de las Administraciones Públicas o del sector público institucional en el ejercicio de una función pública o prevaliéndose de la misma para obtener un beneficio para sí o un tercero».

Por eso dejó fuera de esa categoría el caso de los funcionarios del Ayuntamiento de Rota (Cádiz) condenados por prevaricación continuada, en el que «no hubo beneficio económico ni enriquecimiento».

Fue en el curso de la comparecencia para dar cuenta de los indultos concedidos o denegados por el Ejecutivo en el último año y medio -tras la última modificación del Código Penal, que entró en vigor en marzo de 2015-.

El Gobierno tampoco ofreció ningún indulto en casos de delitos contra la Hacienda Pública, seguridad vial, violencia doméstica y otros como delitos contra las instituciones del Estado, delitos electorales o de lesa humanidad, «por la especial repulsa que provocan», según la subsecretaria de Justicia.

Respecto a los delitos contra la libertad y contra el orden público, en 2016 y 2017 no ha habido ningún indulto, mientras que en el periodo 2014-2017 el porcentaje medio fue del 1,38 por ciento en la primera categoría y del 4,13 por ciento en la segunda.

UN 1 POR CIENTO DE MEDIA DE INDULTOS

El Gobierno ha concedido de media un 1 por ciento de las solicitudes de indulto que ha resuelto anualmente desde 2015, según informó ayer la subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, que destacó la «progresiva reducción» que se ha producido desde 2007, cuando la cifra era un 11,26 por ciento.

Ante los diputados destacó cómo en los últimos años se acentuó el «carácter excepcional» de la concesión de indultos.

Así, detalló que en años anteriores se concedían una media de 400 indultos anuales -521 en 2007, 405 en 2008, 423 en 2009, 501 en 2012-, pero que en 2013 hubo una drástica reducción. Ese año fueron 109; en 2014, 72; en 2015, 73; en 2016, 27; y en el primer semestre del año pasado se contabilizaron 20.

La subsecretaria de Justicia subrayó que el Gobierno ha sido «extremadamente cauteloso» en la utilización de esta medida de gracia y ha actuado con una «adhesión elevadísima» a los criterios contenidos en los informes técnicos del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, que expresaron su parecer favorable -uno de los órganos o ambos- en el 95 por ciento de los indultos concedidos.

MILES DE SOLICITUDES CADA AÑO

Asimismo, indicó que cada año se presentan y se resuelven un elevado volumen de solicitudes, con 4.628 en 2007, 5.316 en 2008 y 5.758 en 2015.

En 2016 se produjo un descenso significativo, hasta las 3.774, que ha atribuido en parte a la «peculiar situación política», ya que el Gobierno estaba en funciones.

Según los últimos datos disponibles, en el primer semestre de este año hubo 1.943 solicitudes.

Roldán afirmó que en el periodo en que el Ejecutivo estaba en funciones, se otorgaron indultos «en casos excepcionalísimos».

A este respecto, el portavoz de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, Jaume Moya, apuntó que 13 de los 15 indultos del año pasado se aprobaron en Semana Santa tras ser solicitados por cofradías, y la subsecretaria de Justicia le contestó que eso no supone «ningún privilegio» ya que las cofradías están en su derecho de pedirlo.

En cuanto a las categorías de los delitos, Roldán incidió en que, dentro de los delitos contra la Administración Pública y de Justicia, no se ha concedido ningún indulto a condenados por corrupción política en el último año y medio.

Según los datos del Ministerio, tampoco en 2014 y 2015.

 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Más del 75 por ciento de los indultos concedidos en el periodo 2014-2016 lo fueron por delitos contra el patrimonio y contra la salud pública.

Sobre la primera tipología, Roldán dijo que concentra el mayor número de solicitudes de indulto y el mayor porcentaje sobre el total de peticiones tramitadas, representando el 26 por ciento del total de indultos otorgados en esos tres años.

Mientras, los delitos contra la salud pública concentran el mayor porcentaje sobre el número total de indultos.

En los últimos tres años y el primer semestre de 2017, la media se sitúa en torno al 50 por ciento del total, algo que se explica por la influencia de la drogodependencia en la comisión de delitos y su valoración en orden a acreditar la rehabilitación del penado.

Los delitos contra la integridad física tienen una presencia constante y una importancia relativa en las cifras de indultos, según el Gobierno, ya que el porcentaje sobre el total de indultos concedidos siempre es inferior al 10 por ciento y en el periodo 2014-2016 fue del 0,97 por ciento.

Otro dato que aportó la subsecretaria de Justicia es que se ha indultado a más mujeres que hombres como consecuencia del menor número de delitos cometidos por la población femenina y de la menor gravedad de sus conductas delictivas.

Igualmente, afirmó que todos los indultos que ha otorgado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en particular desde 2015, son parciales, es decir, que se han perdonado solo alguna o algunas de las penas impuestas al condenado, no todas, o se ha perdonado una parte de la pena.

Roldán recordó que la concesión o la denegación de un indulto es un acto de naturaleza política del Consejo de Ministros y que se trata de un acto graciable, no motivado.

Aclaró que eso no significa que el Gobierno actúe al margen de la legalidad, ya que esa medida de gracia está prevista en la Constitución y en una ley de 1870, si bien admiitó que esta ley está desactualizada y tiene «lagunas» que ha ido supliendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Varios grupos de la oposición señalaron la necesidad de que el informe del Ministerio de Justicia sobre los indultos ofrezca datos más detallados, y la subsecretaria se mostró abierta a mejorarlo, por ejemplo en las estadísticas por género.

EL PSOE QUIERE MODIFICAR LA LEY

El representante del PSOE, Gregorio Cámara, se refirió a la iniciativa registrada por su grupo para modificar la ley del indulto de 1870 para que esta figura «responda a un Estado constitucional de Derecho».

Roldán respondió que el Gobierno coincide con el PSOE en que hay que excluir ciertos delitos de la posibilidad de indulto, pero que habría que añadir otros aparte de los que plantea el PSOE, que son los de violencia de género y los de corrupción política.

Además, aseguró que el Ejecutivo ya aplica criterios de «autoexigencia» en sus decisiones sobre indultos, aunque la ley no se los exija, y que en los reales decretos que aprueba se expone una motivación «sucinta» de la medida más allá de los principios genéricos de «justicia, equidad y utilidad pública».

Por último, la subsecretaria de Justicia se ha mostrado de acuerdo con la portavoz del PP, María Jesús Moro, en que hay que hacer pedagogía para que la sociedad entienda cómo funciona la figura del indulto y evitar así «falsas expectativas» y que se haga una «exaltación mediática sin conocer las circunstancias concretas de cada caso». EP.

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