En total son 16 candidatos. 12 tienen la categoría de magistrados y 4 la de jueces. Todos ellos han presentado su solicitud a la oferta de juez de refuerzo para el Juzgado Central 6 de Instrucción, cuyo titular es Manuel García-Castellón, juez de enlace en Italia durante los últimos cinco años, recién regresado a la plaza que tenía en propiedad desde 2000.
Son 17 años los que García-Castellón llevaba fuera de la Audiencia Nacional (12 los pasó como juez de enlace en Francia y luego en Roma), por lo que se hace imprescindible dotarlo de un juez de refuerzo que haga frente a todos los asuntos que entren en el Juzgado a partir de su toma de posesión y por el espacio temporal, previsto en un principio, de seis meses prorrogables.
Entre los solicitantes, con más posibilidades -de entre los que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional tendrá que formar la terna que enviará a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene la última palabra- se encuentran Juan Antonio Toro Peña, Miguel Ángel Torres Segura, Alejandro Abascal, Diego de Egea, Marta Pizarro y Luis Helmut Moya Meyer.
Toro, de 60 años -a un mes de hacer los 61-, es el titular del Juzgado de Instrucción 36 de Madrid. Formó parte de la terna anterior, junto con Coro Monreal -del Instrucción 34 de Madrid- y Alejandro Abascal -juez de Adscripción Territorial en Madrid- que se presentó para reforzar a Eloy Velasco cuando instruía la Púnica. Pero no salió.
Esta es la segunda intentona para este magistrado que asumió la causa que su excompañero, Elpidio Silva, abrió contra Miguel Blesa cuando Silva fue apartado de su puesto acusado de prevaricación y de dos delitos contra la libertad personal.
Hasta ayer era uno de los favoritos. Sin embargo, lo publicado en El País podría afectar a su candidatura.
En el artículo, publicado por José Antonio Hernández, se relataba su especial relación con el exsecretario de Estado para el Deporte, Rafael Cortés Elvira, titulado «El gran protector de Villar». En dicho artículo se dice que Cortés Elvira «presumía de que contaba con el asesoramiento de un magistrado, Toro Peña -actualmente a cargo del Juzgado de Insatrucción nº 36 de Madrid- que orientaba los pasos a dar por la defensa de [Ángel María] Villar«, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
A esto se une la queja presentada ante el CGPJ por el expresidente de la Federacion de Baloncesto, Jose Luis Sáez Regalado, contra Toro, al que acusa de haber filtrado parte de un expediente a José Luis Escañuela Romana (expresidente de la Federación Española de Tenis), quien no tenía ninguna relación con el asunto.
Escañuela, según Sáez Regalado, era amigo personal de Cortés Elvira. La queja está todavía por resolver.
Miguel Ángel Torres Segura, de 46 años, por su parte, está destinado en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada.
Su nombre saltó a los medios de comunicación en marzo de 2005, con el caso Ballena Blanca, que fue una gran operación policial contra el blanqueo de capitales. En noviembre de ese mismo año, abrió otro gran caso para la historia: el «caso Malaya», un entramado compuesto por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, empresarios y abogados, con ramificaciones en 9 ciudades diferentes de España.
Alejandro Abascal Junquera, de 39 años, es juez de Adscripción Territorial, actualmente destinado en el Juzgado de Instrucción 4 de Fuenlabrada. Es el único de los que lo han solicitado que tiene experiencia previa en el destino que ocupa García-Castellón, porque fue juez de refuerzo entre junio y diciembre de 2016.
A él le correspondió la instrucción preliminar de la «Operación Lezo», que luego llegó a cabo, el pasado mes de mayo, Eloy Velasco. Antes estuvo destinado en los Juzgados de lo Penal 29 y 15 de Madrid y en el 5 de Alcalá de Henares y fue letrado del CGPJ.
Diego de Egea Torrón, de 58 años, se encuentra al frente del Instrucción 43 de Madrid. Este discreto magistrado, que procede del cuerpo jurídico-militar, protagonizó un «peloteo» de envíos de sumarios con Santiago Pedraz, del Centro de Instrucción 1, a propósito de la querella presentada por el CNI contra «el pequeño Nicolás», de la que decía no ser competente en su instrucción. Pero que, al final, lo fue. También instruyó la trama falsa de cursos de formación en Madrid.
Marta Pizarro Mayo, de 35 años, actualmente destinada en el Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sanlucar La Mayor, en Cádiz. Y Luis Helmut Moya Meyer, de 52 años, está destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supeiror de Jusricia de Canarias, con base en Tenerife.
