La propuesta de protección a los «whistleblowers» (denunciantes de irregularidades) que la eurodiputada socialista francesa, Virgine Roziére, está últimando contendrá una referencia expresa y directa a funcionarios y militares, según ha podido saber Confilegal.
Es una aportación directa del equipo de letrados que representa al exteniente del Ejercito español, Luis Gonzalo Segura, y que está capitaneado por el abogado Josep Jover y formado por Verónica Luque, Carlota Jover y varios letrados más.
La mencionada propuesta de resolución del Parlamento Europeo está contenida en un informe que tiene que ser aprobado el próximo 28 de septiembre por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Europarlamento, de la que Roziére forma parte.
Lleva por título «Propuesta sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos”.
Las aportaciones del equipo de Jover encajan, primero, bajo el epígrafe «Papel de los denunciantes de irregularidades y la necesidad de protegerles», en su punto 5.
«Observa con preocupación que los denunciantes de irregularidades siguen siendo objeto de procedimientos judiciales civiles y penales en varios Estados miembros, mientras que los medios existentes para su defensa, acompañamiento y protección son inexistentes o poco eficientes; observa, además, que las diferencias entre los Estados miembros pueden causar inseguridad jurídica y un riesgo de trato desigual; funcionarios denunciantes de irregularidades y en particular los militares, son perseguidos con especial persistencia cuando se enfrentan a todos los recursos del gobierno».
También recomiendan que las campañas públicas de concienciación sean también «de protección».
En el epígrafe siguiente, titulado «Mecanismo de denuncia», introducen una palabra de gran relevancia: seguros, que cambia bastante la redacción porque llama la atención sobre su ausencia.
«Reconoce que uno de los obstáculos a la actuación de los denunciantes de irregularidades consiste en la falta de medios seguros y claramente definidos para llevar a cabo las denuncias», dice la redacción sugerida.
Relevancia especial
Jover y su equipo le han dado una importancia especial al epígrafe que sigue: «Protección concedida en caso de denuncia», señalando un hecho que había pasado desapercibido: la discriminación de los denunciantes de irregularidades.
«Expresa su preocupación por los riesgos de discriminación a los que se exponen los denunciantes de irregularidades en su lugar de trabajo y, en particular, por los riesgos de represalias, directas o indirectas, por parte del empresario y de las personas que trabajen por cuenta o en nombre de este último», dice en la primera frase del párrafo.
Y tras la última frase de ese mismo párrafo añaden otra más referida expresamente al Ejército: «Tal represalia es particularmente grave para los funcionarios que están sometidos a una disciplina especial aplicada por la jerarquía de su cuerpo dentro de su funcionamiento ordinario, por ejemlo, la disciplina militar».
En su elaboración han colaborado 13 organizaciones e instituciones, entre las que se encuentra Transparencia Internacional, Eurocadres y la Federación Europea de Periodistas, entre otros, además del equipo de defensa legal del exteniente del Ejército, citado y sus abogados Josep Jover.
El caso del militar fue calificado por todos ellos como de “anormalidad jurídica”.
En el epígrafe final «Acompañamiento de los denunciantes de irregularidades», en su párrafo segundo, proponen, asímismo, modificacion con cuatro palabras que consideran fundamentales.
«Subraya que, más allá de los riesgos profesionales, los denunciantes de irregularidades se enfrentan a riesgos psicológicos y económicos; considera que debe preverse un apoyo psicológico y una asistencia jurídica gratuita especializada de su elección para los denunciantes de irregularidades que lo soliciten, así como una ayuda económica en los supuestos de necesidad debidamente justificada y una indemnización en caso de perjuicios de índole profesional acreditados, que debería estar prevista con carácter cautelar en el supuesto de que exista un procedimiento civil», dice el texto final propuesto.
Parlamento de Estrasburgo
Si el informe de Roziére, militante del Partido Radical de la Izquierda de Francia, que está englobado en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo -del que forma parte el PSOE-, sale adelante, como se espera, el siguiente paso sería someterlo a votación ante el Parlamento de Estrasburgo.
Y si obtuviera el apoyo mayoritario de la Cámara posiblemente podría convertirse en la base de la tan reclamada y reivindicada Directiva para la protección de los “whistleblowers” de la Unión Europea.
