Virginie Roziére, la eurodiputada socialista que impulsa la propuesta de protección de los "whistleblowers" en la Unión Europea, durante una intervención en el Pleno del Parlamento Europeo. Parlamento Europeo.
Una eurodiputada socialista francesa impulsa una propuesta de protección de los «whistleblowers» en la Unión Europea
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18/7/2017 04:57
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Actualizado: 26/11/2021 12:59
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La eurodiputada socialista francesa, Virgine Roziére, está ultimando una propuesta de resolución del Parlamento Europeo «sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos».
Estos denunciantes o informantes son conocidos en la Unión Europea como «whistleblowers» (en inglés quiere decir persona que hace sonar un silbato o pito).
Dicha propuesta está contenida en un informe que tiene que ser aprobado el próximo 28 de septiembre por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Europarlamento, de la que Roziére forma parte. En su elaboración han colaborado 13 organizaciones e instituciones, entre las que se encuentra Transparencia Internacional, Eurocadres y la Federación Europea de Periodistas, entre otros, además del equipo de defensa legal del exteniente del Ejército, Luis Gonzalo Segura, los abogados Josep Jover, Verónica Luque y Carlota Jover, cuyo caso fue calificado por todos ellos como de «anormalidad jurídica».
El teniente Luis Gonzalo Segura en la rueda de prensa que celebraron ayer en el Parlamento europeo junto a Javier Couso Permuy, L. Sánchez Caldentey y su abogado, Josep Jover.
El «whistleblower» Segura fue expulsado del Ejercito español por criticar y denunciar la corrupción en el alto mando, críticas que le valieron que la Sala de lo Militar del Supremo confirmara dicha decisión por vía judicial. Una decisión que después ha sido recurrida y por la que se planteo una cuestión prejudicial que debía ser dirigida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Si el informe de Roziére, militante del Partido Radical de la Izquierda de Francia, que está englobado en el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo -del que forma parte el PSOE-, sale adelante, como se espera, el siguiente paso sería someterlo a votación ante el Parlamento de Estrasburgo.
Y si obtuviera el apoyo mayoritario de la Cámara posiblemente podría convertirse en la base de la tan reclamada y reivindicada Directiva para la protección de los «whistleblowers» de la Unión Europea.
Actualmente existen varias iniciativas que van camino de confluir en esa misma dirección. Una de ellas procede de un grupo de eurodiputados independientes, también del Partido Verde Europeo y de la Alianza Libre Europea, que elaboró un borrador con ese fin.
La otra se organiza en torno a “A Change of Direction” (Un cambio de dirección), una alianza de cinco ONGs e instituciones de investigación de cinco países europeos –entre los que se encuentra la Fundación Internacional Baltasar Garzón- que tiene como objetivo la defensa pública y la protección de los «whistleblowers» en la Unión Europea.
Una propuesta formada por 4 puntos fundamentales
La propuesta impulsada por la eurodiputada Roziére consta de 4 puntos fundamentales: el papel de los denunciantes de irregularidades y la necesidad de protegerles, el mecanismo de denuncia, la protección concedida en caso de denuncia y el acompañamiento de los denunciantes de irregularidades.
En la misma se invita a los Estados miembros de la Unión Europea a «establecer un organismo independiente encargado de recoger las denuncias, verificar su credibildiad y orientar a los denunciantes en sus diligencias, en particular ante la falta de respuesta favorable dentro de su organización».
Y se pide a la Comisión que proponga la creación de un organismo similar «a nivel europeo encargado de coordinar las acciones de los Estados miembros, en especial en situaciones transfronterizas; considera que este organismo europeo debería también poder recoger las denuncias, verificar su credibilidad y orientar a los denunciantes de irregularidades cuando la respuesta ofrecida por el Estado miembro del denunciante resulte manifiestamente inapropiada; estima que el mandato del Defensor del Pueblo Europeo podría ampliarse para desempeñar esta función».
La importancia de los «whitleblowers» en la detección de la corrupción y el fraude ha sido confirmada por un informe de 2016 de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés) que analizó más de 2.400 casos de fraude en 114 países diferentes encontrando que en torno al 40 por ciento de todos ellos fueron denunciados de por «whistleblowers».
INFORME DE LA EURODIPUTADA FRANCESA EN ESPAÑOL PARA DESCARGAR:
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