De izquierda a derecha: José Maria Fernandez Seijo, magistrado del juzgado mercantil nº3 de Barcelona y Segismundo Álvarez , notario, director del curso.
Las ejecuciones hipotecarias se han paralizado por la inseguridad jurídica generada con los cambios jurisprudenciales
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24/7/2017 05:01
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Actualizado: 23/7/2017 21:59
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«Las ejecuciones hipotecarias en España se han paralizado por la inseguridad jurídica generada con los cambios jurisprudenciales», según declaró el magistrado José María Fernández Seijo durante su intervención en el marco del seminario “Protección del consumidor en la contratación hipotecaria”, que organizó el Consejo General del Notariado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que concluyó el viernes.
En opinión de Fernández Seijo, conocido como «el juez del caso Aziz», porque fue el que, con su cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó la Ley Hipotecaria por sus cláusulas abusivas, el origen de esa paralización ha sido la jurisprudencia introducida por el Tribunal Supremo «de todo el cuerpo normativo y jurisprudencial europeo sobre control de cláusulas abusivas que ha determinado que en los últimos años se hayan dictado trascendentes sentencias en materia de cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios».
Esto ha posibilitado a la judicatura echar el freno a las ejecuciones hipotecarias.
«La crisis determinó que miles de familias no pudieran hacer frente al pago de sus préstamos, lo que provocó el incremento de las ejecuciones. En ese momento, los jueces constataron que en muchos de estos préstamos había cláusulas que podían considerarse abusivas y empezaron a suspenderse los procesos de ejecución», explicó.
«El legislador adoptó una serie de medidas legislativas con el fin de abordar esta problema y adoptar medidas de protección de deudores en riesgo de exclusión social; pero las reformas legales han sido insuficientes, se ha incrementado el número de cuestiones planteadas ante la Justicia Europea y el Tribunal comunitario ha dictado varias resoluciones que evidencian las debilidades del sistema español», añadió.
Gran parte de lo sucedido, en opinión de este magistrado, es culpa del legislador.
“El legislador español no fue sensible a la normativa europea en materia de protección de consumidores y no consideró oportuno introducir en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en la Ley Hipotecaria posibles mecanismos de protección de los consumidores frente a algunas cláusulas del contrato de préstamo que pudieran considerarse abusivas», remachó.
Fernández Seijo ocupaba el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona cuando le llegó la demanda del obrero marroquí, Mohamed Aziz, al que representaba el letrado Dionisio Moreno, en la que solicitaba que se declarase nula la ejecución hipotecaria que solicitaba su banco. Aziz vivía con su familia en Martorell, Barcelona, cuando fue desahuciado por no haber pagado algunas cuotas de la hipoteca.
Fue en julio de 2011 cuando Seijo -ahora destinado en la Sección 15 de lo Mercantil de la Audiencia Provincial de la capital condal- planteó la cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo, al que preguntó si la Ley hipotecaria vulneraba los derechos del consumidor.
Dos años más tarde, el fallo del TJUE le contestó que sí. Y concluía que la Ley Hipotecaria española era incompatible con la Directiva Europea que protege a los consumidores.
El fallo daba poder, además, a los jueces españoles para suspender cautelarmente y examinar si había cláusulas abusivas.
El curso de la UIMP fue inaugurado por el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y estuvo dirigido por su compañero de carrrera Segismundo Álvarez-Royo.
Contó con la participación del presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, el mencionado Fernández Seijo, los notarios Manuel González Meneses, Pilar de Prada y el mencionado Álvarez-Royo y la registradora Rosario Jiménez Rubio.
Representando a la clase política, participaron Miguel Ángel Paniagua, del PP, y Rodrigo Gómez, de Ciudadanos. Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca, y Manuel Pardos, de Adicae, lo hicieron por la banca y por las asociaciones de consumidores.
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