La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado que el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández sea únicamente enjuiciado por la denominada ‘pieza’ política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en la que la Fiscalía le pide ocho años de prisión por presuntos delitos de prevaricación y malversación, y no por el resto de piezas separadas en que se ha dividido la causa.
Así lo expresa la Sección Séptima de la Audiencia de la Audiencia de Sevilla en un auto fechado el pasado 21 de julio, en el que estima un recurso de la defensa del extitular andaluz de Empleo y deja sin efecto su procesamiento en relación con las subvenciones concedidas a Surcolor/Surcolor Óptica por 2,3 millones de euros.
Esta decisión confirma el criterio establecido previamente por la Audiencia para los exdirectores generales de la agencia IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar y, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press, puede suponer «un antes y un después» en la causa al abrir una vía para que los exaltos cargos de la Junta procesados en la pieza ‘política’, dirigida entre otros contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no puedan ser imputados ni procesados en el resto de piezas separadas, lo que puede derivar en el archivo de aquellas donde sólo se cuestione el procedimiento de concesión de ayudas.
La Sección Séptima de la Audiencia aprecia «identidad de hechos» entre las ayudas concedidas en el procedimiento específico que se aborda en la ‘pieza política’ y la ayuda a Surcolor, lo que provoca «una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos». En su opinión, el «afán globalizador» del procedimiento específico determina que la ‘pieza política’ «contenga el enjuiciamiento de todas las presuntas conductas delictivas de Antonio Fernández, al que se le ha terminado acusando y se le va a enjuiciar por su íntegra participación en esa trama».
El auto subraya que dicho enjuiciamiento se va a producir «tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa, que pudiera dar lugar al delito continuado de prevaricación, como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público, que pudiera dar lugar al delito continuado de malversación, lo que a su vez explica las peticiones acusatorias en materia de responsabilidades civiles en la causa del procedimiento específico».
La pieza del ‘procedimiento específico’ por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE será la primera en llegar a juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla. Su inicio está fijado a partir del 13 de diciembre y serán enjuiciados, además de Fernández, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 19 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. (EP)
