«El acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del CGPJ es una vía para que Hacienda monte inspecciones tributarias a los abogados, de entrada», según José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y uno de los impulsores de la «Brigada Tuitera».
«Accediendo a esa informacion pueden tener la constancia de asuntos que has hecho de los que a ellos no les aparece facturación. Porque piden inicio y fecha final de la actuación profesional; fecha de inicio y final del procedimiento. Con lo cual, en cuanto un abogado llegue al final de la actuación profesional y o del procedimiento, lo tienen que facturar. Y si es un artículo 28, por el que no he cobrado nada, ¿qué pasa? Y si es de oficio, ¿qué ocurre?», se pregunta Muelas.
El decano de Cartagena pone así, en tela de juicio, el mencionado acuerdo tomado por el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, del que ayer daba cuenta Confilegal en un artículo que llevaba por título «El CGPJ abre las puertas para que Hacienda investigue los casos judiciales de abogados y procuradores con ‘trascendencia tributaria'».
Por el mismo, el CGPJ daba luz verde, el pasado 20 de julio, a los funcionarios del Equipo Central de Información de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Agencia Tributaria, para acceder a la toda la información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016 que pueda tener «trascendencia tributaria».
Muelas teme que Hacienda, en ese proceso de posible investigación tributaria a los abogados, haga uso de baremos que ya no están vigentes, para «apretar más las tuercas», si cabe, a la Abogacía.
«Los baremos no existen. Competencia los ha derogado. Eso lo sabemos todos, pero casi con toda seguridad Hacienda echará mano de ellos, como elemento orientativo para decirnos lo que teníamos que haber facturado. Es delirante», afirma.
«Además, ¿por qué tiene que saber Hacienda si yo me dedico en exclusiva a defender a ‘chorizos’ y delincuentes? ¿O si me dedico en exclusiva a civil o contencioso? Porque la información a la que van a tener acceso les va a permitir saberlo. El ‘Big Data’ que se puede obtener con esta información es muy interesante para ellos. Porque si ellos le piden a CGPJ cuando empiezo a actuar, cuándo dejo de actuar, cuando inicio y cuando termino, el CGPJ lo va a pedir al Gobierno. Porque el CGPJ no tiene acceso a eso. Es el programa Minerva. Y eso lo lleva el Ministerio. A partir de ahí todo el mundo va a saber que el Ministerio mira nuestros registros», señala Muelas.
Desde su punto de vista, esta decisión presenta muchas dudas legales.
«Poner la red para pescar está prohibido», remacha. «Se puede investigar un delito o una defraudación, pero no se pueden entregar datos de forma masiva a la Administración Tributaria, como parece que se pretende».
El CGPJ no tenía por qué informar al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) o al Consejo General de Procuradores de España de esta decisión tan relevante. Tampoco parece ser que se haya reallizado, a pesar de que, uno «de los suyos», el abogado Álvaro Cuesta, forma parte de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces. Por lo que la decisión ha cogido desprevenidos a abogados y procuradores.
Muelas ha avanzado que espera que el tema se trate en el próximo Pleno del CGAE, que tiene que tener lugar este mes de septiembre.
