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La carga de la prueba y la violencia de género

Susana Gisbert es fiscal en la Audiencia Provincial de Valencia. Twitter: @gisb_sus.
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Hace ya tiempo que vengo observando cómo desde uno y otro extremo del espectro de posicionamientos sobre de la violencia de género se habla de una misma cosa: la carga de la prueba. O más bien, de una supuesta inversión de la carga de la prueba que no sé muy bien de dónde sale.

Por un lado, hay quien afirma que en esta materia tiene lugar una inversión de la carga de la prueba que perjudica al varón. Por otro, quien afirma que debería existir una norma que estableciera que en tales casos procede legislar en pro de la inversión de la carga de la prueba.

Un error en mi opinión, tanto en uno como en otro caso. ¿Por qué? Pues porque, a mi juicio, en el primero se parte de una premisa errónea y en el segundo se obvia uno de los pilares del estado de Derecho, la presunción de inocencia.

Pero empecemos por el principio.

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Y éste no es otro que recordar en qué consiste lo que en Derecho denominamos la carga de la prueba.

Y esto no es otra cosa que al que afirma determinados hechos corresponde probarlos. Y esto, que en Derecho Civil coloca en una posición equidistante, en penal viene reforzado por una de las garantías del estado de Derecho, como decía, la presunción de inocencia.

Lo que en las películas traducen en que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, afirmación bastante cercana a la realidad legal.

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Igual que lo es el viejo aforismo que establece que la Justicia prefiere a cien culpables en la calle que a un inocente en prisión.

Sentadas así las bases, esa inversión de la carga de la prueba de que se habla consistiría, precisamente, en dar la vuelta a la tortilla.

Esto es, que se parta de una presunción de culpabilidad y haya que probar la inocencia.

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Algo que en nuestro Derecho Penal es impensable, por mor de lo que establece la Constitución.

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¿Por qué se empeñan entonces, desde algunos frentes, en discutir algo que a priori parace tan obvio?

¿O, lo que es peor, afirmar sin ningún tipo de empacho, que la ley de violencia de género dispone tal cosa?

Pues, sin ánimo de parecer pedante, por desconocimiento de la base.

El concepto de prueba

Muchas veces se tiende a creer, o a hacer creer, que la prueba solo viene constituída por dictámenes periciales o hallazgos objetivos, como aprehensión de objetos, pruebas de ADN o partes médicos. Y eso es solo parte del abanico de pruebas que contempla nuestro Derecho.

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No podemos pasar por alto que una de las principales pruebas viene constituida por la prueba testifical. Cuando se dice eso de “no hay prueba, porque es la palabra de uno contra la de otro” no se está siendo correcto.

Cuando se habla de acusado y víctima, ésa es precisamente la prueba –al margen de que puedan existir otras-: la que nace del interrogatorio del acusado, y el testimonio de la víctima, que declara en calidad de testigo.

Y ello nos conduce a una diferencia esencial.

Mientras en el caso del acusado puede callar, en todo o en parte, o mentir, porque se le reconoce tal derecho, en el caso de la víctima está sujeta a la obligación de decir verdad, so pena de cometer delito de falso testimonio.

Y eso hace que en derecho Penal, a diferencia de lo que ocurre en los demás campos del Derecho, ambos testimonios no tengan la misma naturaleza. Por tanto, cuando contamos con la declaración de la víctima no es que no haya prueba, es que ésta ya es una prueba en sí misma.

Y habrá de ser valorada en su conjunto, aplicando el principio de libre valoración de la prueba que establece nuestra ley de Enjuiciamiento Criminal.

Segundo error

Y ahí precisamente radica el segundo de los errores de base en los que se asientan afirmaciones como las que se han reproducido antes. No hay ningún precepto en la Ley Integral contra la violencia de género que altere o modifique ese principio de libre valoración de la prueba.

Una facultad que ejerce el juez o tribunal a la hora de dictar sentencia usando de su prudente arbitrio y aplicando las reglas de la sana crítica. Y en muchas ocasiones es la aplicación de esos criterios lo que lleva quien juzga a dictar una sentencia absolutoria, más frecuentes de lo que se cree en esta delicada materia.

Absolución por falta de prueba, no porque se trate de una denuncia falsa, como también pretenden hacernos creer desde detrminados sectores.

Pero quien dicta la sentencia –o ejercita la acusación, en su caso- tampoco lo hace por capricho, ni por una suerte de azar a ver qué pasa. Hay una abundante y constante jurisprudencia que fija las condiciones para valorar el testimonio de la víctima cuando éste, como prueba testifical, es la única prueba de cargo con la que se cuenta.

Y así, según es bien sabido, el Tribunal Supremo establece que el testimonio de la víctima constituye por sí solo prueba bastante para enervar la presunción de inocencia siempre que concurran determinados requisitos: verosimilitud, persistencia en la incriminación y ausencia de móviles espurios como resentemiento o venganza.

Una jurisprudencia que se aplica en los supuestos de violencia de género, pero que ya se aplicaba mucho antes en otros como violaciones, atracos o cualquier otro delito, sin que a nadie le supusiera mayor problema.

Pongamos al hilo de esto un ejemplo más. El reconocimiento en rueda, una prueba a la que todo el mundo confiere especial valor. También parte del testimonio único de la víctima, que dice que entre los sujetos que le muestran reconoce a tal como el autor del hecho delictivo.

Evidentemente, es una prueba innecesaria y hasta absurda si la víctima conoce al autor, o lo ha reconocido de cualquier otro modo. Y esto es lo que ocurre en violencia de género. No hay prueba de reconocimiento en rueda porque el autor ya viene determinado desde el principio.

Testimonio de la víctima

El testimonio de la víctima, además, cobra un especial valor cuando viene reforzado por otros indicios periféricos u otra pruebas que confirmen su versión, Sería el caso de un parte médico que constatara unas lesiones compatibles con el relato de hechos que ella mantiene.

El parte no es por sí mismo prueba –solo prueba que las lesiones existen, pero no quién ni cómo se causaron- pero junto al testimonio de la víctima es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de dictar sentencia en aplicación de ese principio de libre valoración.

En ocasiones, no se trata de documentos ni de pruebaas tan tangibles como un parte de lesiones. Un atestado donde se describa el escenario de una pelea, por ejemplo, puede confirmar o desmentir una versión de que existió o no tal pelea previa a los hechos.

De ahí la importancia de que los atestados hagan constar todo tipo de detalles aunque, en principio, puedan resultar nimios.

Así las cosas, resulta que no hay inversión de carga ninguna cuando se condena por el testimonio de la víctima, si por parte de quien juzga entiende que concurren los requisitos precisos. Y por eso también, la expresión “le han condenado sin pruebas” que se dice tan a la ligera cuando ha habido una víctima que comparece como testigo, carece de sentido.

Pero, por el contrario de lo que algunos afirman, no todo son condenas en estos casos. La labor de juzgar aquí se torna especialmente difícil y las absoluciones por falta de prueba son también frecuentes.

Lo que ocurre es que, como siempre, cada cual ve las cosas desde su perspectiva, Y tan pronto se critica a la judicatura por condenar poco en violencia de género como por condenar demasiado. Y otro tanto respecto a la fiscalía. En un caso, alegando que no han creído a la víctima, en el otro que no había prueba.

Nunca llueve a gusto de todos, pero esta es la grandeza del Estado de Derecho.

Así que tampoco es necesario dar la vuelta a nada. Una inversión de la carga de la prueba no solo sería incnstitucional sino que es absolutamente innecesaria. El Derecho nos proporciona suficientes herramientas para valorar la prueba adecuadamente.

Otra cuestión sería, quizás, dotar a quien haya de juzgar de medios y formación suficiente para abordar el problema de un modo más especializado y con el tiempo suficiente para hacerlo, en lugar de junto a diez asuntos más de las más variadas materias.

Pero esa es una cuestión distinta, que sí está contemplada en la ley integral y que, si embargo, todavía está lejos de cumplirse por falta de voluntad de quien corresponda.

Por último, también convendría constatar otra confusión que suele ser frecuente.

Intencionada o no.

Y es hablar de presunción de inocencia en relación con la detención o con la aplicación de medidas cautelares. Se oye en muchos casos que el denunciado por violencia de género pasa la noche en el calabozo siempre de un modo injusto y contrario a la ley.

Pues bien, en ese caso también la ley tiene un instrumento óptimo, el procedimiento de habeas corpus, que casi nunca he visto instar en estos supuestos.

Si la detención es incorrecta, lo procedente es acudir a esta vía y no invocar a posteriori el principio de presunción de inocencia. Precisamente, porque ese principio existe, esa persona comparecerá ante un juez, que en la mayoría de casos le dejará en libertad, y se enfrentará a un juicio con todas las garantias, del que saldrá condenado o absuelto.

Y algo parecido cabe decir de la adopción de órdenes de protección. Estas se acuerdan en virtud de determinados indicios para salvagaurdar a la víctima de un eventual riesgo. Y será posteriormente cuando en el juicio, y aún antes, se determine si esos indicios eran ciertos o no.

Ni se conceden todas, como dicen algunos, ni se deniegan de un modo indiscriminado, como dicen otros.

Así pues, es una materia delicada por los intereses en conflicto, que van desde la vida a la libertad, desde la seguridad de la víctima a la de sus hijos, desde los derechos de unos a los de otras y otros. Y no se puede frivolizar ni establecer verdades absolutas. Porque arriesgamos mucho.

por Susana Gisbert.

Susana Gisbert es fiscal portavoz en la Audiencia Provincial de Valencia. Su cuenta de Twitter es @gisb_sus.
12 comentarios en “La carga de la prueba y la violencia de género
  1. Lo cierto es que si te denuncia una mujer -y no digamos una “menor”-, PUEDES DARTE POR CONDENADO.
    En la práctica parten de la presunción de veracidad de sus denuncias, y tú tienes QUE DEMOSTRAR QUE ERES INOCENTE, lo que no es nada fácil, dicho sea de paso.
    Y si encima te encuentras con una juez y una fiscal, PUES ES OBVIO QUE SERÁS JODIDO, Y BIEN JODIDO, y no precisamente de forma sexual…

  2. “el testimonio de la víctima constituye por sí solo prueba bastante para enervar la presunción de inocencia siempre que concurran determinados requisitos: verosimilitud, persistencia en la incriminación y ausencia de móviles espurios como resentemiento o venganza”

    A ver si lo entiendo. Si el juez estima subjetivamente que el testimonio de la víctima es creible, ese testimonio se considera prueba suficiente para condenar al acusado?

  3. La detención del varon denunciado se hace automáticamente en prácticamente todos los casos, conozco hombres que por un «vete a la mierda» han pasado un fin de semana en un calabozo.
    Esta aplicación automática del protocolo vg. provoca situaciones injustas ( la detención solo esta prevista por la ley si hay riesgo para la mujer, no en todos los casos) y desproporcionadas ( en mu his casos la medida cautelar es mucho mas dura que la pena impuesta en el juicio.

  4. Este artículo es para tirarse de los pelos y una clara muestra del estado de nuestro sistema judicial. Primero ¿qué es eso de que el testimonio de la víctima es ya una prueba? menuda barbaridad por más que se le de vueltas a lo de las tres condiciones cuando una de ellas en violencia de género nunca se cumple al ser la mayoría de denuncias meramente instrumentales. Segundo, como es bien sabido en caso de denuncia de por ejemplo quebrantar la orden de protección, se encarcela al acusado y ha de ser él el que proporcione las pruebas de su inocencia, trazas del GPS, tickets de autopista, testigos,….de lo contrario no sale bien parado. Y aparte de todo una orden de protección se da sin más y si no te la dan reiteras denuncias una tras otra y acaban dándola. Y tercero, no hay habeas corpus que valga, cada denuncia toca calabozo y si es sólo un día ya es suerte. Y no cabe en la cabeza de nadie que una persona inocente ande desfilando por el calabozo un días sí y otro también porque se le antoje a otra.

  5. Hablemos claro. El criterio del Supremo que mencionas para dar credibilidad a testimonios es «ausencia de incredibilidad subjetiva».
    Compralo con «presencia de credibilidad objetiva».
    Eso es inversión de la carga de prueba en la práctica, mas allá de las disquisiciones juridicas que pueden llevar a cuamquier lado por razones políticas en España.

    La Constitución es muy clara: «todos los ciudadanos son iguales delante de la Ley sin distinciones por razones de sexo, religión, raza…» aun así hay tribunales de violencia de género que juzgan sólo a varones (discriminación por sexo) y el mismo comportamiento es delito si hecho por un varón y falta si hecho por una mujer (mas discriminación por sexo).

    Muchas vueltas puedes darle y el Constitucional ha racionalizado en una sentencia política (con votos 7-6) este disparate jurídico.

    Y falta en tu análisis la realidad real del mundo mundial: cuando un varón es encarcelado y juzgado en un tribunal sumario tras pasar 12-72 horas en la cárcel está en situación efectiva de indefensión y… lo más importante… si se declara inocente ha perdido para siempre la custodia compartida de su hijos.

    Basta ya de engaños: esta Ley y estos tribunales inslirados en la Inquisición son sólo un instrumento para denegar a los padres la custodia compartida en los nuevos modelos de familia del siglo XXI.

    Para que TÚ abras los hojos: cuando me divorcié jace ina década y quería custodia compartida fui extorsionado a la razón de «dame pasta o te pongo una denuncias falsa… jajajaj como mola ser mujer».

    Esta es la realidad de los tribunales sumarios institucionales enos que trabajas.

    Una sentencia absolutaoria es papel mojado si al final has perdido la custodia de tu hijo, el trabajo, la casa, la estabilidad económica… y los 10 padres que se suicidan en España cada dia son prueba de ello.

    Basta ya de dictaduras y distopias de género.

  6. A mí lo que me aterra lo de la “formación”, teniendo en cuenta que hoy en día la administraciones públicas sólo ofrecen y los funcionarios públicos sólo pueden acceder a formación muy sesgada por el feminismo de género. El día que todos los jueces estén “formados” (¿adoctrinados?), en violencia “de género” o “machista” (según el nombre sesgado que le da el feminismo), apaga y vámonos.

  7. Jajaja!!!, que apliquen los mismos criterios a los políticos, a ver cuantos no entran en prision.

    Que país!!!

  8. Ya. Dígame, ¿cómo es que si una mujer agrede a un hombre se considera falta, mientras que si es al revés se considera delito? ¿Cómo es que, haya o no hecho algo, un hombre denunciado va a pasar, mínimo, una noche en el calabozo? ¿Cómo es que la declaración de una supuesta víctima de maltrato se considera una prueba en sí misma? Es especialmente esto último lo que me preocupa, porque da a la palabra de quien acusa más valor que la palabra del acusado. ¿Eso es igualdad ante la ley, según usted? ¿Eso es normal? Mire, el tráfico de drogas mata a mucha más gente en este país que la violencia de género, ¿lo sabía? Deberían de aplicar lo de la “prueba en sí misma” a ese tipo de delitos, antes que a la violencia de género. Primero, porque como le he dicho mata a mucha más gente. Segundo, porque los que quedan expuestos ante un testimonio que puede ser falso somos millones de hombres en este país. Si eso no es invertir el onus probandi, ya me dirá cómo llamamos al niño. Pero qué desfachatez…

  9. Desde un perspectiva jurídica, lo siento, pero tu exposición dista mucho de la realidad y la legalidad.

    Para comenzar, el “habeas corpus” no se puede usar sin más porque una persona sea inocente (aunque tenga mil pruebas para demostrarlo) porque si la guardia civil no tiene en cuenta las pruebas de descargo (como es habitual) el juez no puede entrar a valorarlas en el “habeas corpus” y mandará a tu cliente de nuevo a los calabozos para que citen otra vez para la instrucción (es decir, no va a implicar que salga antes, sino más tarde porque paraliza el procedimiento).

    Por otro lado se te olvida que realmente existe una discriminación. Una cosa es que se aplique algo en particular y otra que se aplique de manera diferente si eres hombre o mujer (lo cual no tiene nombre). Veamos:

    La jurisprudencia de “pruebas periféricas” (que te puede parecer mejor o peor) sólo está amparando a la mujer, lo cual choca con todos los principios de igualdad y no discriminación.

    Luego, de beneficios económicos, que todas las mujeres se encuentren amparadas por la justicia gratuita implica dos cosas: no les cuesta nada el letrado y no hay condena en costas, ¿por qué no denunciar a diestro y siniestro? Y además tienen derecho a cobrar una paga de unos 420€ al mes ¿es un incentivo o me lo parece? ¿Tienen los hombres su equivalente?

    Por último, el juzgado competente será el “Juzgado de Violencia Sobre la Mujer” que en la mayoría de los casos es parcial y que sólo el nombre te da una idea de que pudiera llegar a ser discriminatorio o separatista entre sexos. Procesalmente no es el mismo juzgado ni el mismo procedimiento para la agresión al hombre que a la mujer.

    No se te olvide la presión mediática, que estoy cansado de ver funcionarios, jueces y fiscales que en instrucción te dicen cosas como: “Parece que es una denuncia falsa, pero lo siento, yo te tengo que enviar al penal. Imagínate que pasa algo y mañana salgo en las noticias.”

    Los avances están muy bien si son para todos (en este caso hombres y mujeres). ¿Acaso no somos todos iguales ante la ley?

    Si mañana creasen un Juzgado de Violencia por Inmigrantes todos nos echaríamos las manos a la cabeza pensando que es discriminatorio racialmente. ¿Por qué no cuando la discriminación es sexual?

    Creo que entre todos deberíamos completar la frase:
    “Tolerancia 0 a la violencia de género. Tolerancia 0 a las denuncias falsas por violencia de género y la discriminación positiva. Por un mundo en que todos seamos iguales”.

  10. Toda la parrafada que has soltado Susana no vale nada porque parte de que la acusación es la “víctima”, lo cual en verdaderos estados de derecho debe demostrarse antes. Tú y tus correligionarias sufris una patología colectiva llamada “ginocentrismo”. Los hombres cada vez nos planteamos más el abstenernos de relaciones a tenor de la barbarie jurídica que tú y otras habéis parido. Negro futuro el de nuestro país.

  11. Precisamente el artículo 13 de la Ley de Igualdad establece la inversión de la prueba. Le corresponde a la persona demandada probar que es inocente. Me pregunto cómo puedes probar que una persona se está inventando una acusación.

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