El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el dictamen de la comisión de investigación que señaló al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso «partidista» de este departamento.
El citado dictamen, adoptado con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, acredita que durante el mandato de Fernández Díaz, que ya fue reprobado por el Congreso, se creó en Interior una estructura policial bajo las instrucciones del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, y por orden del exDAO Eugenio Pino, para poner trabas a los escándalos de corrupción que afectan al PP, pero también para investigar y, en su caso, «perseguir» a adversarios políticos.
Entre esos adversarios el texto aprobado cita al propio PSOE, como lo demuestran los trabajos realizados por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, relativo a un chivatazo a la red de extorsión de ETA.
LA ‘OPERACIÓN CATALUÑA’ Y EL INFORME P.I.S.A
También habría sido perseguido el nacionalismo catalán, a tenor de la investigación sobre la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias (antigua Convergència); o Podemos, con la fabricación del informe PISA (Pablo Iglesias, S.A.) contra el líder de esa formación, Pablo Iglesias, y la supuesta financiación de su partido con fondos procedentes de Irán o Venezuela.
«Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista con fines políticos de los efectivos, medios y recursos del departamento de Interior y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de Derecho», reza el documento, que se estructuró en cuatro puntos, en uno de los cuales también se eleva una queja por la obstrucción del Gobierno a la hora de facilitar documentación sobre el objeto investigado.
El único apartado del dictamen que se ha votado por separado y que se ha aprobado por unanimidad ha sido el que respalda la actuación de la mayoría de las efectivos de la Policía, un asunto que tanto el PP como Ciudadanos han apoyado.
Además del dictamen, el Pleno ha votado también las conclusiones que cada grupo adjuntó al mismo para elevar el listón de responsables por encima del exministro del Interior o eximirle de toda responsabilidad, como ha sido el caso del PP.
RECHAZADOS TODOS LOS VOTOS PARTICULARES
Sin embargo, todos ellos han sido rechazadas. Así, PP, PSOE y Ciudadanos han tumbado los votos particulares de Unidos Podemos y las minorías; el PP, una vez con Unidos Podemos y Ciudadanos, ha tumbado los del PSOE, y luego con PSOE y Unidos Podemos ha he cho lo mismo con los de Ciudadanos, mientras que toda la oposición ha tirado por tierra las propuestas del PP.
Durante el debate del dictamen, el portavoz del PP, Carlos Rojas, ha insistido en que la mayoría de las conclusiones de la comisión con «inverosímiles». «No hay caso porque no hay un solo documento que demuestre un uso político de Interior. Tenían sus conclusiones dictaminadas de antemano y lo que ha habido es un buen Gobierno y un buen ministro», ha afirmado.
En la encendida defensa que ha hecho de la gestión de Fernández Díaz, Rojas ha recordado que su compañero ya no es ministro, por lo que no hay responsabilidad política que exigirle, y ha acusado a la oposición de haberle impedido presidir una comisión del Congreso, lo que ha definido como «un castigo injusto y partidista para un leal servidor público» al que se ha cuestionado por «unas grabaciones ilegales» que la oposición ha tomado como «verdad suprema», pese a estar «manipuladas». En la misma línea se ha manifestado el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador.
De su lado, Ciudadanos, por boca de Miguel Gutiérrez, ha justificado su abstención a las conclusiones en que sólo puede censurar a los exresponsables de Interior por «incompetencia» y «dejación de funciones», pero no por la existencia de pruebas que puedan llevar a concluir que existiera una «policía política» que persiguiera a los adversarios del PP.
Por contra, el socialista Juan Carlos Campo ha defendido las conclusiones de la que, desde su punto de vista, ha sido una «comisión rara» y ha dedicado duras críticas al PP por el uso que hicieron del Ministerio. «Las democracias sufren tormentas, nubarrones y muchas tentaciones, pero se escriben con renglones rectos y palabras indelebles y en los meses y años analizados por esta comisión sus renglones fueron muy torcidos», ha resumido. (EP)
