El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha dado instrucciones al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para que sus agentes identifiquen a los responsables de los centros designados como colegios electorales, elegidos por el Govern de Cataluña, para el referéndum del 1-O.
En una instrucción, el fiscal ordena al responsable de los Mossos que se personen en los centros educativos o administrativos que harían las funciones de colegio electoral en la consulta del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional, para identificar a sus responsables y tomarles declaración como testigos.
El Fiscal Superior exhorta igualmente para que se denuncie cualquier tipo de amenaza, coacción o presión a los responsables de estos centros.
Los Mossos deben acudir a los colegios electorales, identificar al responsable y preguntarle si ha recibido alguna comunicación de la Conselleria de Enseñanza -si es centro educativo- o de otro organismo del que dependa ese colegio electoral.
Allí, según las instrucciones, deberán solicitar a los responsables que entreguen la documentación que tengan sobre estos hechos (comunicación de su designación como colegio electoral, instrucciones de actuación, personas de contacto para incidencias, petición de que entregue las llaves, etcétera) y, en caso de tener algún material electoral, que lo requisen.
Además, la instrucción de la Fiscalía les apercibe de su obligación de no ceder los centros para la celebración del referéndum.
Llaves y contraseñas de los centros
En su escrito, el fiscal afirma que a los responsables de centros se les habría pedido que introdujeran las llaves y la contraseña de la alarma de seguridad de los edificios dentro de un sobre que deberían depositar en una de las diez oficinas de los Servicios Territoriales repartidas por Cataluña.
Esa entrega se realizaría, dice la instrucción, el próximo viernes, dos días antes de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, y a cambio se les entregaría un recibo.
Por ello, el fiscal catalán pide a Trapero que los Mossos, en funciones de policía judicial, se personen «inmediatamente» en estos centros para identificar a sus responsables e interrogarles, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación de la Generalitat solicitando su colaboración en el referéndum.
En caso afirmativo, prosigue el fiscal, los responsables deberán entregarles la documentación que posean sobre estos hechos, como sería la comunicación de su designación como colegio electoral, instrucciones de actuación, personas de contacto para incidencias o petición de que entreguen las llaves.
Colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación
Los agentes deberán además advertir a los responsable de los centros que «la entrega de llaves o claves de seguridad a cualquier persona privada o pública, incluida la administración educativa, podrá ser considerada un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos», este último penado con cárcel.
En el caso de que las llaves o las claves ya se hubieran dado por un duplicado o la Generalitat ya tuviera una copia de seguridad, los agentes les recordarán que deben impedir la apertura de los locales sin su autorización y denunciar «sin demora» la presencia en el centro de personas ajenas al mismo.
Además se comunicará a los responsables que cualquier comunicación de la Generalitat garantizándoles que están eximidos de responsabilidad penal es «rotundamente falsa y sin fundamento legal».
