Denuncian que el Gobierno incrementa solo en un 4% su financiación a las 300.000 personas dependientes
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27/9/2017 05:56
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Actualizado: 31/3/2022 13:45
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El proyecto de Real Decreto sobre el Nivel Mínimo de financiación, sometido a exposición pública por el Gobierno, que recoge las nuevas cuantías mensuales que abonará la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona dependiente atendida en función de su grado es insuficiente y solo recortará en un 4% la gran lista de los 300.000 dependientes que esperan esa ayuda.
Desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios sociales se indica que dicho incremento determina un aumento de la cuantía media en nivel mínimo de 10,4 euros mensuales por persona en situación de dependencia que recibe una prestación o servicio (17,66 euros al mes para Grandes Dependientes, 2,87 para dependientes Severos, 10,78 para dependientes moderados)
Si bien estas cuantías se incrementan para todos los grados y su aplicación tendrá efectos desde el 1 enero de 2017, de todas las fórmulas de financiación del sistema recogidas en la Ley 39/2006 el Nivel Mínimo es la única vía que subsiste como financiación del Estado a las Comunidades Autónomas y estas cuantías ya fueron ampliamente recortadas en 2012 junto con la supresión de la vía del Nivel Acordado de financiación.
Incremento escaso
En opinión de José Manuel Ramirez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “El incremento que ahora se propone está muy lejos de recuperar la ya escasa financiación de 2012 y no supondrá en su totalidad más que un incremento estimado de gasto estatal de un 8,9% (un importe estimado cercano a los 100 millones de euros)”. Para este experto esta ayuda financiera queda muy lejos de lo que se necesita.
Este Observatorio ya alertó a la opinión pública -muy especialmente al grupo parlamentario de Ciudadanos- de que el incremento presupuestario para Dependencia pactado en los PGE de 2017 sería papel mojado si no se incrementaban las cuantías del Nivel Mínimo.
Ramírez también señala que “la situación de colapso actual es tal que si no se hiciera esta operación de incremento del Nivel Mínimo se correría serio riesgo de no ejecutar el total presupuestado, lo que hubiera resultado inexplicable para el Ministerio existiendo más de 300.000 personas en espera de atención y cuando un centenar de personas fallece diariamente sin haber podido ejercer su derecho a percibir servicios o prestaciones”.
Trayectoria de recortes
El propio Gobierno ha reconocido en sucesivos informes que la batería de recortes en dependencia supuso cuantiosos “ahorros” a las arcas públicas que actualmente podemos cifrar en más de 4.000 millones de euros acumulados. La Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las CC.AA.
Desde este colectivo se indica que el incremento de atendidos y la consiguiente reducción de la lista de espera se hace muy lentamente y a costa de atender a los dependientes con Grado I mientras que los de Grados III y II (con mayores necesidades de apoyo) están estancados desde hace dos años.
Aunque se cacarea sistemáticamente el mantra de la “recuperación económica” y aunque la situación del SAAD haya sido analizada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas con el diagnóstico de la mala financiación, “seguimos en el sinsentido que no se esté pensando en recuperar –al menos- los niveles de financiación que fueron triste y cruelmente recortados en 2012”, subraya nuestro interlocutor.
Desde esta entidad se echa de menos un calendario serio con compromisos para suprimir los recortes que en su día se pusieron en marcha. “Si esto no se hace el sistema no remontará y que todo seguirá paralizado tal y como muestran los datos de gestión anuales: avance de las prestaciones low cost y decenas de miles de dependientes con grados III y II esperando más allá de lo que pueden tanto ellos como sus familiares”.
Para Ramírez “la solución partiría por incrementar la cuantía en 450 millones de euros y así enjugar los recortes generados desde el 2012 y lo lógico sería incrementar esta financiación en otros mil millones de euros de cara a que, como dice la Ley de Dependencia, realmente el Estado financiara su parte acordada del 50% para beneficiar a este colectivo de personas dependientes.
De cara a los Presupuestos Generales del 2018 que se votarán este viernes, la sensación que tiene esta organización de profesionales es bastante descorazonadora “Lo estamos viendo. La Ley de Dependencia está fuera de la Agenda Pública en estos momentos. El Gobierno anestesia este debate con esta pequeña subida pese a que es un gran problema social. No creo que contemplen lo que es necesario para atender a esta lista de espera de 300.000 afectados”.
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