El portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha denunciado este viernes ante la Comisión Europea la utilización de menores por parte del Gobierno catalán «con fines políticos» para hacer campaña a favor del referéndum «ilegal» del 1-0 a través de una misiva.
El dirigente popular ha instado al Ejecutivo comunitario a aclarar si ve «compatible» con la protección de los derechos del niño y del interés superior del menor la manipulación que están llevando a cabo diversas organizaciones proindependentistas apelar a alumnos y universitarios a no ir a clase para apoyar las manifestaciones a favor del 1-0.
González Pons, que denunciará el caso también ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, ha denunciado en su misiva que algunos colegios en Cataluña han instruido «en el odio y la intolerancia» a menores «hacia el diferente por hablar una lengua distinta» al catalán, tal y como han mostrado vídeos difundidos en las redes sociales en los últimos días, en los que menores de doce años reciban frases ofensivas.
El eurodiputado popular ha considerado que se trata de «una grave violación de los derechos de los menores y una falta de ética total por parte de los adultos que lo han promovido» y ha instado a la Comisión a aclarar si ello es compatible con «el derecho del menor a ser educado» en los valores de «paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad» que recoge la Carta de la ONU.
«Tanto la Convención de los Derechos del niño de las Naciones Unidas como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE garantizan los derechos de los niños y la consideración primordial del interés superior del menor sobre cualquier otra», ha esgrimido.
Becerra denuncia el premio de Carme Forcadell
Por su parte, la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara, la eurodiputada liberal independiente Beatriz Becerra, ha denunciado ante el Ejecutivo comunitario que la Fundación Centro Maurits Coppieters, que se financia «casi exclusivamente» con fondos comunitarios, premiara este martes en Bruselas a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por su compromiso con «la autodeterminación», teniendo en cuenta que la consulta del 1-0 que promueve ha sido declarada «ilegal» por el Tribunal Constitucional.
Becerra ha alertado de que la actividad de Centro «puede ser constitutiva de un delito al promover un referéndum declarado ilegal por la justicia española» y ha recordado que el reglamento comunitario «obliga a respetar en sus actividades la democracia y el Estado de Derecho para beneficiarse de una financiación con cargo al presupuesto comunitario».
La eurodiputada liberal ha instado al Ejecutivo comunitario a aclarar la cuantía de las subvenciones que ha recibido a fundación y a revisarlas.
El Centro Maurits Coppieters, que está vinculado a la formación política Alianza Libre Europea (ALE), cuya actividad se centra a su vez en la «promoción del derecho de autodeterminación de los pueblos». (EP)
