El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, cerraron este acuerdo en Bruselas. Foto: Confilegal
Hoy hace un año PSOE y PP cerraron el acuerdo que permitió la renovación del CGPJ: tiempo de balance
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25/6/2025 14:40
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Actualizado: 25/6/2025 14:57
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Hoy hace un año el PSOE y el PP firmaron el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue en Bruselas, con la mediación de la Comisión Europea. Aquello permitió poner fin al mandato del Consejo anterior, que se vio prolongado cinco años por un bloqueo persistente en la negociación.
Doce meses después, el órgano ha recuperado parte de su operatividad. Ha realizado 120 nombramientos en la cúpula judicial —51 de ellos de mujeres— y ha aliviado en parte el atasco de vacantes.
Sin embargo, sigue atascado en puntos clave: la designación de las presidencias de dos salas fundamentales del Tribunal Supremo y la reforma del sistema de elección de vocales.
Una urgencia inicial: cubrir las vacantes
El CGPJ entrante comenzó su mandato en septiembre de 2024 con una prioridad clara: llenar las plazas que no habían podido cubrirse mientras el órgano estaba en funciones.
Solo en el Tribunal Supremo, el 30% de la plantilla —25 magistrados— estaba vacante. Según fuentes del propio Consejo, la cifra total de vacantes en la cúpula judicial era entonces de 111.
Esa situación derivaba de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2021, que impidió al CGPJ saliente hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.
Pese a esta limitación y a la pérdida de cinco vocales por jubilación, dimisión o fallecimiento, el órgano mantuvo una actividad reducida.
120 nombramientos, pero con vacantes persistentes
Desde la renovación, el CGPJ ha acordado 120 nombramientos, lo que ha permitido reducir considerablemente el número de vacantes, aunque siguen existiendo 37 en la cúpula judicial —siete de ellas en el Supremo—, debido a nuevas jubilaciones o fallecimientos.
El desbloqueo se logró gracias a que el nuevo Consejo ya no está en funciones y ha recuperado su plena capacidad.
Además, todos ellos se han producido por unanimidad, o por consenso unánime, una característica que hacía mucho tiempo se había periddo.
No obstante, el pleno no ha logrado consenso en dos decisiones clave: el relevo en la Sala de lo Penal y en la de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Ambas son esenciales. La primera se ocupa de juzgar a aforados —ministros, diputados o senadores—. La segunda, de revisar decisiones del Gobierno y la Administración. Sobre sus mesas están casos de alto perfil: Koldo García, García Ortiz, Alvise Pérez, o el recurso de Canarias sobre los menores migrantes.
División total: empate entre bloques
La presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, ha intentado hasta en tres ocasiones cerrar estas designaciones, sin éxito.
En la última, celebrada el 7 de mayo, forzó incluso la votación, pero el resultado fue un empate: diez votos progresistas para Ana Ferrer y Pilar Teso; diez conservadores para Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva. Perelló votó en blanco.
Ambos bloques mantienen posiciones irreconciliables. Los conservadores defienden la veteranía de Arrieta y Lucas (este progresista) —actualmente presidentes en funciones— y sostienen que sus candidaturas coronarían trayectorias intachables. Los progresistas, por su parte, argumentan que el mérito se presupone y que las propuestas de Ferrer y Teso garantizan continuidad y visión a medio plazo.
Perelló ha advertido que estas plazas no pueden quedar pendientes sine die y es probable que vuelva a forzar una votación antes de que acabe julio. Recordemos: para nombrar a los presidentes de sala se necesita una mayoría reforzada de tres quintos (13 votos), como establece la reforma pactada entre PP y PSOE el 25 de junio de 2024.
Reforma del sistema de elección: otro punto muerto
El acuerdo de Bruselas incluía también el compromiso de proponer, en seis meses, una reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales. No hubo consenso. El 5 de febrero, el CGPJ aprobó dos textos separados —uno por bloque— al constatar que era imposible unificar criterios. Era el mínimo exigido por la LOPJ.
El primer obstáculo surgió ya con el nombramiento de Perelló, elegida el 3 de septiembre de 2024 tras varias votaciones con 14 votos.
En su discurso de apertura del año judicial, marcó una línea clara: pidió respeto a la independencia judicial y rechazó cualquier intento de injerencia. En junio, volvió a la carga denunciando “una descalificación sistemática y vacía” contra los jueces.
En resumen: el CGPJ ha recuperado buena parte de su capacidad de gestión tras años de parálisis institucional, pero sigue tropezando en los nudos políticos de siempre.
El acuerdo entre PSOE y PP abrió una etapa de funcionamiento ordinario, pero el reloj institucional no se ha sincronizado del todo. A un año vista, el balance es mixto: logros cuantificables, bloqueos estructurales.
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