La Unión Progresista de Fiscales (UPF) señala que no se debe «criminalizar a todo el cuerpo de Mossos d’Esquadra tras su intervención durante la jornada del pseudo-referéndum organizado por las instituciones catalanas» el pasado domingo, si bien lamenta que los altos mandos de este cuerpo desoyeran el mandato de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) «alineándose con posicionamientos políticos impropios de un cuerpo policial».
Un día después de que se pronunciaran otras asociaciones de fiscales, la UPF recuerda en un comunicado que «el Estado de Derecho implica también el escrupuloso cumplimiento de los mandatos emanados por las autoridades judiciales en cuanto garantes de esa legalidad». Por ello, consideran que en el caso de los Mossos como policía judicial que son, «la quiebra de confianza generada resulta desoladora».
Y que «los hechos del día 1 de octubre no han hecho sino revelar la continuidad del Govern de la Generalitat en su escalada de desprecio a las normas más básicas de convivencia democrática».
Sin embargo, también «ha sido, sin duda, uno de los días más tristes y dolorosos de la historia reciente de nuestro país», por lo que a juicio de los fiscales se debió de producir una respuesta «serena y sosegada».
Falta de Respuesta política
Los fiscales progresistas lamentan «la absoluta falta de respuesta política ante los acontecimientos acaecidos en Cataluña, trasladando buena parte de la responsabilidad de su resolución al Ministerio Fiscal y al Poder Judicial«.
Para la UPF los problemas políticos deben abordarse con responsabilidad institucional, diálogo y soluciones políticas que hubiesen evitado la situación límite en la que desgraciadamente nos encontramos tras la deriva secesionista.
Finalmente, advierten que la fractura social que se vive en Cataluña también la experimentan los fiscales que ejercen en esa comunidad autónoma «bajo una tremenda presión». Por ello, UPF les muestra su «apoyo y admiración, por su compromiso y por su defensa -ahora y siempre- de la legalidad, del interés social y, por encima de todo, del Estado Social y Democrático de Derecho».
