Los ministros de Justicia de la Unión Europea han cumplido este jueves el último paso para iniciar la puesta en marcha de una Fiscalía europea contra el fraude que permita investigar, perseguir y encausar los delitos económicos que afectan a los intereses financieros del bloque, como el fraude del IVA o la malversación de fondos comunitarios.
La comisaria de Justicia, Vera Jourova, se ha mostrado satisfecha por el paso dado «tras cinco años de duro trabajo», porque es un «día histórico» tanto para la UE como para sus contribuyentes.
Con todo, se trata de un proyecto del que sólo serán parte de momento 20 de los 28 Estados miembros, entre los que sí está España, y que necesitará entre dos y tres años para echar a andar, por lo que no estará operativo hasta al menos 2020.
Velará por disuadir el fraude y mejorar el enjuiciamiento
La Fiscalía europea contra el fraude, que estará presidida por un fiscal jefe aún sin designar, velará por disuadir el fraude, mejorar el enjuiciamiento y la sanción de los delitos contra el presupuesto europeo y facilitar la recuperación de los fondos europeos mal utilizados.
El objetivo es que esta Fiscalía única pueda actuar con celeridad en casos transfronterizos sin tener que pasar por los trámites habituales de cooperación judicial, más tediosos por su burocracia.
La fiscalía europea luchará contra la apropiación indebida de fondos de la UE y protegerá el dinero de los contribuyentes. Se ocupará de investigar posibles delitos contra los intereses financieros de la Unión, especialmente los fraudes a los fondos estructurales, o al IVA transfronterizo a gran escala.
Por ejemplo, se podrá investigar el fraude por más de 10.000 euros que afecte a fondos de la UE y el fraude transfronterizo del IVA por más de 10 millones de euros.
En ausencia de unanimidad, los países de la UE decidieron este año recurrir a la llamada «cooperación reforzada» para permitir sacar adelante la iniciativa.
La Fiscalía cuenta ya también con el visto bueno del Parlamento Europeo.
La futura Fiscalía pretende suplir las carencias de las fiscalías nacionales, que cuentan con medios limitados para luchar contra la delincuencia trasnacional.
Estructura
Entre tanto, cuando sea operativa, la Fiscalía contará con dos niveles en su estructura. Primero habrá uno europeo cuya sede estará en Luxemburgo y que contará con un Fiscal general europeo y un fiscal más por cada Estado miembro integrado (20 por ahora), además del equipo técnico y de investigación necesario.
El segundo nivel estará descentralizado con fiscales delegados de la UE en cada Estado miembro, que aportarán el conocimiento específico sobre los servicios jurídicos nacionales, la lengua local y otras particularidades de cada país. Y estarán supervisados en las investigaciones y actuaciones judiciales incoadas por el Fiscal europeo.
Será un órgano «independiente» para el intercambio rápido de información entre países, investigaciones policiales coordinadas y la rápida congelación e incautación de activos, así como la detención de sospechosos; y trabajará con la agencia de cooperación judicial europea (Eurojust) y la Oficina europea Antifraude (OLAF).
La OLAF no cuenta actualmente con instrumentos para perseguir penalmente el fraude y sólo puede notificar a los Estados miembros informes sobre sus investigaciones. Recomendaciones que sólo en el 50% de los casos se traducen en condenas en los tribunales nacionales, según las cifras que maneja la Comisión Europea.
Miembros
Junto a España participan en esta cooperación reforzada Austria, Italia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.
A ellos podrán sumar en el futuro Holanda, Polonia, Hungría, Irlanda, Dinamarca, Suecia y Malta.
