La eurodiputada de Ciudadanos vicepresidencia de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, ha pedido hoy al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a la comisaria de Estado de Derecho, Vera Jourova, que intervengan y eviten el ataque sin precedentes contra la independencia de los jueces y la separación de poderes en España con la creación de comisiones parlamentarias.
Ataques que también se han materializado en la propia sede parlamentaria. El pasado martes, la portavoz de Junts Míriam Nogueras señaló duramente a magistrados del Tribunal Supremo como Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carlos Lesmes y Carmen Lamela refiriéndose a ellos como “personajes indecentes” que “en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”. A ello añadió que eran “cómplices de la politización de la policía y de la justicia española”.
En sendas cartas la eurodiputada les ha recordado que un Poder Judicial independiente es la columna vertebral del Estado de Derecho al ser una condición previa para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar la arbitrariedad y abusos de cualquier gobierno o poder público.
“Los jueces y fiscales españoles perciben la amenaza y presión real por parte del poder político y lo que está en juego son los fundamentos mismos de la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, debido a la deriva populista del Gobierno de España”, indica.
Por otro lado, Pagazaurtundua ha resaltado que en una democracia no se puede consentir «ni operaciones de impunidad con ropajes de legalidad, ni investigaciones a los jueces llevados a cabo por partidos políticos en el Parlamento, vulnerando el marco de protección de la independencia judicial establecido en las leyes».
“Ni tampoco la constante deslegitimación de jueces y fiscales que sólo han realizado su trabajo, persiguiendo delitos aplicando y respetando todas las garantías procesales”.
Pagazaurtundúa recuerda a Reynders que representantes de la magistratura quieren reunirse con él
En la misiva también ha recordado a Reynders que representantes de la magistratura han solicitado reunirse con él para trasladarle su preocupación. Sin embargo, están a la espera de una fecha concreta.
“La Comisión Europea no puede quedar al margen ante estos hechos. Hablamos de deficiencias graves y repetidas para capturar el Estado; injerencia política y deterioro del trabajo de las autoridades judiciales nacionales. Y hablamos, así mismo, de inseguridad para los jueces que de forma creciente son difamados, amenazados y perseguidos, con el fin de aterrorizar al colectivo de jueces y fiscales”, ha indicado.
“El prófugo ha exigido la subordinación a su voluntad a través de una operación gigantesca de impunidad que incluye la Ley de Amnistía y la impugnación pública del poder independiente de los jueces. Este contexto que ha aceptado el gobierno supone la mayor amenaza a la democracia española que podemos imaginar”, asevera.
La diputada ha invocado el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales, el cual reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, tal y como señalaba anteriormente el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
