De izquierda a derecha: Juan Ignacio Zoido, eurodiputado; María Jesús del Barco, presidenta de APM; Maite Pagazaurtundua, eurodiputada; Javier Martínez, miembro del Comité Ejecutivo de la APM y, por videoconferencia, Cristina Dexeus,. presidenta de AF.
APM y AF aterrizan en el Parlamento Europeo para defender su independencia frente a la ley de amnistía
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05/12/2023 14:11
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Actualizado: 18/1/2024 11:24
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF) han llegado hasta el Parlamento Europeo para defender su independencia y el Estado de Derecho por la ley de amnistía.
Lo han hecho en un debate organizado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua (también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo) y Renew Europa en el que se ha hablado sobre la degradación del Estado de Derecho que sufre España desde hace años y que se traduce en una pérdida paulatina y constante de la calidad democrática.
Y es que, para Pagazaurtundua, la situación actual que atraviesa España les ha hecho traer, por primera vez a la cámara, a jueces y fiscales que se encuentran «estupefactos» por los ataques que está recibiendo el Poder Judicial de maneras distintas.
Algo que considera que es una «amenaza de la ruptura de los grandes principios democráticos de la división de poderes y la igualdad ante la ley».
La eurodiputada ha censurado “el intento de convertir a los jueces en adversarios por una mala comprensión de lo que es la soberanía popular». Y ha criticado que los socialistas hayan pactado una ley cuando, en ocasiones anteriores, políticos como Adriana Lastra, Fernando Grande-Marlaska, Salvador Illa, Pedro Sánchez, Miquel Iceta, Patxi López o Carmen Calvo la han rechazado públicamente.
Por su parte, María Jesús del Barco (APM), ha recordado que la asociación nació con un claro objetivo y que hoy mantienen: velar por el prestigio e independencia del Poder Judicial para salvaguarda del Estado de Derecho y respetar la separación de poderes.
«Los jueces españoles hemos sufrido ataques por parte de representantes políticos»
Y ha sido clara. «Estamos aquí para demostrar nuestra enorme preocupación por la situación que se está viviendo en España. Llevamos mucho tiempo denunciando que existe un deterioro institucional y que se está cuestionando de manera permanente el propio Estado de Derecho».
Ha reconocido que la crítica a los jueces es sana y forma parte de la democracia, pero ha resaltado que, durante mucho tiempo, vienen sufriendo ataques por parte de los representantes de partidos políticos. «Una cosa es criticar las resoluciones judiciales y otra es atacar de forma grave, peligrosa e hiriente desprestigiando nuestra labor».
Se nos ha llamado «jueces machistas, golpistas y enemigos de las mujeres. Nos dicen que olemos a cloaca y que el peligro para la democracia somos nosotros, y eso son declaraciones de representantes políticos del partido del Gobierno».
Situación que se ha agravado tras el pacto entre PSOE y Junts el pasado 9 de noviembre para investir a Pedro Sánchez como presidente. “Nosotros nada tenemos que decir sobre quién gobierna en el país, pero entendemos que ese pacto vulnera los principios que se consagran en el artículo 2 del tratado de la Unión Europea”.
Ha cargado especialmente contra la creación de comisiones parlamentarias de investigación para revisar las sentencias de los tribunales en los juicios del procés, pues quiebra el principio de separación de poderes. “Supone poner sobre la cabeza del juez la espada de Damocles y que esté pendiente de qué va a pasar con sus decisiones”, ha dicho.
Y aunque el PSOE dijo inmediatamente que esas comisiones no se iban a crear, «PNV y Junts registraron en el Parlamento la creación de dos comisiones para revisar la labor de los jueces en la llamada ‘Operación Cataluña».
Asimismo, del Barco ha recordado que la ley de amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento particular ya que sólo se permiten indultos particulares. «Y si el Poder Legislativo quiere cambiar las leyes, no puede hacerlo a través de una ley orgánica, hay que hacerlo a través del proceso de reforma de nuestra constitución, porque si no se está haciendo por la puerta de atrás».
“La ley de amnistía parte de un fin espurio de perdón por impunidad entre políticos»
Cristina Dexeus (AF), que ha intervenido a través de videoconferencia, ha denunciado que en los últimos tiempos se está desdibujando la separación de poderes. Como ejemplo, ha puesto la situación que se vivió en 2020 con el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General. «Situó a España por debajo de los estándares de calidad de la justicia».
Al igual que en 2017, cuando el movimiento independentista dictó «las llamadas leyes de desconexión y declaró la independencia de Cataluña tras la celebración de una consulta ilegal que no guardaba las mínimas garantías democráticas en su convocatoria».
Periodo de tiempo en el que «se produjeron situaciones que atentaron contra la convivencia democrática como la toma violenta de las calles.
Ha recalcado que la proposición de ley de amnistía contraviene el derecho de la Unión, pues ampara delitos de corrupción y de terrorismo, y ha censurado que en su redacción se establecieron “no pocas falsedades en relación con el derecho de la UE”.
Conclusión a la que ha llegado porque se citan los tratados europeos “en un sentido distinto al que se concibieron para justificar la amnistía: hacen una interpretación restrictiva de esta y refrenden la aplicación de la ley por jueces y fiscales”.
“La ley de amnistía parte de un fin espurio de perdón por impunidad entre políticos que se necesitan, sin importar los delitos cometidos, aunque se trate de delitos de corrupción y o de terrorismo. Es impunidad a cambio de votos», ha destacado Dexeus.
Al fin y al cabo, para la presidenta de AF, «esta amnistía se propugna con pretensiones de generalidad pero está dictada para personas concretas atentando contra los estándares europeos de democracia.
«Los jueces no hacen política»
En el debate también ha participado Javier Martínez Marfil, miembro del Comité Ejecutivo de APM, el cual ha resaltado que los jueces no hacen política ni interfieren en su desarrollo, sino que es algo básico «para el ejercicio ejemplar de sus funciones».
También ha manifestado que han decidido pronunciarse al respecto porque el silencio les convertiría en cómplices «de la perversión del sistema y aboliría nuestra legitimidad» porque «el respeto de los poderes supone jugar limpio».
Además, ha comentado que esta proposición de ley tampoco cumpliría las condiciones previstas en otros países por la ausencia de un motivo legítimo y porque contiene un principio de desigualdad.
Como ejemplo, ha puesto Alemania, donde sí la han aceptado pero con requisitos, que son la existencia de un motivo legítimo; de una proyección de generalidad; que esté guiado por el principio de igualdad y que cumpla con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Ley en la que también quedarían borradas «las investigaciones judiciales por malversación de fondos públicos o los contactos que también constan con potencias extranjeras interesadas en la inestabilidad política de la UE.
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