La Comisión Europea ha advertido de nuevo hoy a España que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y considera que «inmediatamente después» de la renovación, debe modificarse el sistema de elección de los vocales del Consejo de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean elegidos por los propios jueces.
Así consta en la lista de recomendaciones que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de Derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático y que, por primera vez, incluye recomendaciones específicas por país.
Con estas recomendaciones, Bruselas confía en que los Estados miembro asuman las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar «dónde es necesario mejorar», si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual.
«Queremos ayudar a centrar el debate y apoyar a los Estados miembro en sus esfuerzos de reformas, seguimos en el espíritu preventivo de este ejercicio», ha indicado la vicepresidenta comunitaria para Estado de derecho, Věra Jourová, en una rueda de prensa para presentar los resultados, un diagnóstico que no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas.
La Comisión Europea recuerda que la renovación del órgano de gobierno de los jueces está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, «sigue siendo una preocupación» para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramiento para que la menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.
El Ejecutivo comunitario hace suyos los criterios del Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE, cuando evoca los «estándares europeos» para que «no menos de la mitad de los miembros sean elegidos por sus pares».
En el caso de España, además del problema con la renovación del CGPJ, el Ejecutivo comunitario vuelve a poner el foco en la preocupación con la que observa la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, si bien constata que se han adoptado «enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones» entre ambos.
En este sentido, señala la necesidad de «reforzar» la independencia del fiscal general y desvincular la duración de su mandato respecto al periodo de legislatura del Gobierno, en línea con los estándares europeos sobre independencia y autonomía de la Fiscalía.
En todo caso, apunta que sigue habiendo «avances» en la calidad del sistema judicial español y nombra ejemplos como medidas para facilitar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, la reforma del código penal y la ley sobre el derecho de defensa.
Asimismo, considera que la digitalización de la Justicia va por buen camino y que este Estado miembro está «abordando las deficiencias» detectadas. No obstante, señala que siguen estando pendiente mejoras en materia de recursos para el Poder Judicial o la duración de los procedimientos.
PLURALISMO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por otra parte, en el plano de la libertad de prensa y el pluralismo mediático, la Comisión Europea emplaza al Gobierno a garantizar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) disponga de los recursos necesarios para reforzar sus operaciones de supervisión y control.
También recomienda «trabajar par reforzar el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales».
Asimismo, aconseja crear un registro obligatorio de ‘lobistas’ y «encarar los retos» que suponen la larga duración de las investigaciones y enjuiciamientos en los casos de corrupción «de alto nivel», de los que Bruselas ve con preocupación que siguen un proceso «lento y complejo».
PAGAZAURTUNDÚA LAMENTA QUE EVALÚE EL ESTADO DE DERECHO EN ESPAÑA OBVIANDO EL ‘DESACATO CONTINUO DE CATALUÑA’
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, lamenta que la Comisión Europea haya evaluado el Estado de Derecho en España «obviando el desacato continuo por parte del Gobierno catalán».
“Lamentablemente, el Estado de Derecho en España se ha convertido en uno de los que focaliza la atención. Lo que hemos estado denunciando referido al Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía o la corrupción ha sido observado por el Ejecutivo comunitario, pero no están valorando el desacato continuo y organizado del Gobierno catalán con respecto a la aplicación de sentencias en materias de derechos fundamentales porque solo está mirando, parcialmente, la actuación del Gobierno central”, ha señalado.
Y ha destacado que “evitar la ejecución de sentencias que reconocen vulneraciones de derechos fundamentales, impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceder a la Justicia, el acoso y el señalamiento para el sometimiento de los jueces, son indicadores de que el Estado de Derecho en Cataluña no goza de buena salud y es la obligación de las instituciones denunciar también estos casos, sobre todo, si el Gobierno central mira hacia otro lado por razones políticas”.
La eurodiputada ha recalcado que es evidente que «el acceso a la justicia en España está siendo restringido» y que de ello dan cuenta cada día las familias, organizaciones de jueces o profesores. “Existe un conflicto abierto entre el Gobierno de Cataluña y el Poder Judicial, que pone en riesgo el Estado de Derecho en España. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no hace uso de los medios de que dispone para abordar este conflicto”, critica esta eurodiputada.
Para la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, el sistema de evaluación del Estado de Derecho «debe todavía madurar para analizar lo que está ocurriendo en las entidades subestatales con altos niveles de competencias porque las tensiones sobre el cumplimiento de las normas, es una tendencia cada vez mayor, que debe ser corregida».
“Solo esperar a que la próxima vez cubran esta parte. Mientras, no tengan ninguna duda de que seguiremos documentando cada violación a la ley que se produzca, cada discriminación de derechos fundamentales y cada desacato a la Justicia. Más pronto que tarde tendrán que exigir a España que garantice en todo el territorio nacional un Estado de derecho de Calidad”, concluye.
