El cesado expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no tiene intención de acudir a la cita con la Justicia española para declarar por la querella de la Fiscalía, que le acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Así lo ha indicado su abogado Paul Bekaert, quien ha planteado que su cliente declare en Bélgica, por videoconferencia, al considerar que en España carece de «garantías jurídicas».
La confirmación de esa ausencia podría llevar a la jueza Lamela solita su detención. Para ello, enviaría una orden europea de detención y entrega a la justicia belga contra Puigdemont para una futura extradición a España.
Las mismas acusaciones sobre Puigdemont pesan para los 13 exconsejeros de ese Gobierno regional, cuatro de los cuales —Meritxell Borràs, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Meritxell Serret, que se encuentran en Bélgica—tampoco están dispuestos a presentarse ante la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional que instruye la causa.
Para todos ellos la Fiscalía baraja pedir prisión incondicional ante el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas (hasta 30 años de cárcel por rebelión), y de reiteración delictiva. Aunque también podría no solicitarla en el caso del diputado del PDeCAT, Santi Vila, que dimitió antes de que votara la declaración unilateral de independencia.
En este caso, la jueza Lamela cree que “Los delitos objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno, en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales”.
Además, todos ellos también están acusados de malversación, por eso, la Fiscalía ha solicitado una fianza conjunta y solidaria de más de seis millones de euros en las querellas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de los miembros del Govern y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán.
La Mesa del Parlamento catalán sí acudirá
Los seis integrantes de la Mesa del Parlamento catalán sí han manifestado su disposición a ir al Tribunal Supremo, imputados por los citados delitos de rebelión, sedición y malversación.
El abogado de la presidenta de la Mesa, Carme Forcadell, Andreu Van den Eynde, ha asegurado que su defendida sí acudirá a la citación «con el convencimiento de que su labor ha sido siempre respetuosa con los principios democráticos y la defensa de la institución parlamentaria».
«Estamos convencidos de que tienen que triunfar en ese procedimiento», según Van den Eynde, para quien la premura con la que se hace la citación (se conoció la víspera) tiene como efectos jurídicos la «indefensión».
Para el alto tribunal, “será a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad. Y será entonces cuando pueda precisarse (…) si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del tipo previsto en el artículo 472 del Código Penal o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos 477 y 17.1 del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria”.
Declaración de independencia ilegal
El 27 de octubre el Parlamento regional aprobó una declaración de independencia ilegal y, ese mismo día y previa autorización del Senado, el Ejecutivo español cesó a los gobernantes catalanes, disolvió la Cámara autonómica y convocó elecciones en esa comunidad para el 21 de diciembre.
Una ante la Audiencia Nacional, quien tras analizarla, convocó para este jueves a los integrantes del «Govern«, con Puigdemont a la cabeza, y otra ante el Tribunal Supremo contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, que fue admitida a trámite este martes, ya que éstos últimos gozan de un tipo de fuero especial por ser todavía diputados.
Los instructores
El Supremo ha designado instructor da investigación contra la presidenta del Parlament y otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana por los mismos delitos al magistrado de la Sala de lo Penal, Pablo Llarena, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Por su parte, la jueza que instruirá la causa en la Audiencia Nacional es Carmen Lamela, quien el pasado 16 de octubre ya decretó el ingreso a prisión sin fianza por sedición al presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, por “promover” el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre durante una operación para impedir el 1-O.
Lamela y Llarena han desarrollado parte de su carrera inicial en Cataluña, donde coincidieron en 1992. Ella como magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, a punto de cambiar de destino y poner rumbo a Madrid; él, recién llegado como instructor a un juzgado de esta ciudad, donde permaneció hasta 1998, fecha en la que fue elegido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona.
