Dieciocho mil millones de dólares (15.200 millones de euros). Esa es la cifra con la que Meta ha decidido cerrar, sin sentencia de por medio, el litigio más ambicioso jamás emprendido contra una plataforma tecnológica por el daño que sus productos causan a la salud mental de los menores.
El acuerdo, anunciado ayer en el juzgado federal de Oakland (California), pone fin a un juicio que llevaba apenas una semana en marcha y que amenazaba con obligar a comparecer al propio Mark Zuckerberg, presidente de Meta, la holding de Facbook, WhatsApp e Instagram.
La cifra, sin embargo, es solo la superficie de un pacto que tiene una arquitectura mucho más compleja.
Según el acuerdo presentado por las partes ante la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, Meta desembolsará el pago en cuotas anuales durante diez años.
De esa suma, unos 12.700 millones de dólares (10.730 millones de euros)—el 70%— están garantizados y se repartirán entre los estados participantes con independencia de lo que ocurra después.
El resto queda condicionado a un extremo revelador: que TikTok, YouTube y Snapchat adopten medidas equivalentes, como el límite de una hora diaria de uso y un modo nocturno para menores. Meta, en otras palabras, no solo paga por su propia conducta; intenta arrastrar a toda la industria hacia un estándar que ella misma se ve obligada a fijar primero.
No es una jueza cualquiera. Gonzalez Rogers, en el cargo desde 2011 tras su nombramiento por Barack Obama y primera mujer de origen mexicano-estadounidense en ese asiento del Northern District of California, es la misma jueza que llevó Epic Games contra Apple: falló en 2021 que Apple no incurría en monopolio pero le prohibió impedir a los desarrolladores informar de vías de pago alternativas, y desde entonces ha mostrado poca paciencia con el incumplimiento corporativo de sus órdenes, llegando a acusar a un vicepresidente de Apple de mentir bajo juramento.
Es, en resumen, un perfil que ayuda a explicar por qué Meta ha preferido pactar antes que dejar el desenlace en sus manos. El resultado posiblemente habría sido infinitamente peor.
De la demanda de 2023 al colapso del juicio
El origen del caso se remonta a 2023, cuando una coalición bipartidista de fiscales generales —que terminaría sumando a prácticamente todos los estados del país, además de territorios y el Distrito de Columbia— presentó una demanda conjunta acusando a Meta de diseñar deliberadamente funciones adictivas en Instagram y Facebook, de captar datos de menores de trece años sin autorización y de minimizar públicamente ante la opinión pública los riesgos que sus propios estudios internos ya documentaban.
El juicio arrancó el 18 de agosto en Oakland, con el consejero delegado de Instagram, Adam Mosseri, declarando durante dos jornadas consecutivas, y Zuckerberg entre los testigos previstos.
Es una precisión jurídica importante: el acuerdo no incluye reconocimiento de responsabilidad. Meta ha sostenido durante todo el proceso que las acusaciones eran «infundadas» y que la compañía ha invertido de forma sostenida en funciones de seguridad para adolescentes.
Lo que cambia de manos, por tanto, no es una declaración de culpabilidad sino la exposición financiera y reputacional que suponía dejar el caso en manos de un jurado, después de que Meta ya hubiera perdido dos litigios similares este año: uno en Nuevo México, con una condena cercana a los 1.000 millones de dólares, y otro promovido por un menor identificado como KGM, que terminó en una indemnización conjunta con YouTube de 6 millones.
Cambios de producto, no solo de caja
Más allá del componente económico, el pacto obliga a Meta a modificar la configuración por defecto de sus plataformas para los usuarios menores de 18 años: límites horarios diarios, modo nocturno y ajustes en funciones asociadas al daño autoestimático, como los contadores públicos de «me gusta».
El acuerdo crea además una fundación de investigación independiente, a la que Meta compartirá datos de usuarios con consentimiento para estudiar el bienestar adolescente, y contempla auditorías externas anuales de cumplimiento.
La fiscal general de California, Rob Bonta, definió el pacto como una vía hacia «protecciones reales» para menores; el exdirector de ingeniería de Meta convertido en testigo clave, Arturo Béjar, matizó que el acuerdo no debe leerse como un certificado de que Instagram ya es segura.
La pieza que falta: la respuesta europea
Para un lector con perspectiva comparada, el contraste con el modelo europeo es instructivo.
Mientras en Estados Unidos la rendición de cuentas se ha canalizado a través de la litigación estatal —51 fiscalías negociando una indemnización económica—, en la Unión Europea el instrumento ha sido regulatorio: la Comisión Europea abrió en mayo de 2024 un procedimiento formal contra Meta bajo el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) precisamente por el diseño potencialmente adictivo de Facebook e Instagram y sus mecanismos de verificación de edad, procedimiento que sigue abierto y que podría derivar en sanciones de hasta el 6% de la facturación global anual de la compañía.
Son dos tradiciones jurídicas distintas llegando, por caminos distintos, a la misma sospecha de fondo.
España carece de un instrumento equivalente a la acción conjunta de fiscales generales estadounidenses, por lo que cualquier reclamación futura en sede nacional tendría que discurrir por la vía de la responsabilidad civil ordinaria o por la acción de la propia Comisión Europea como autoridad de vigilancia del DSA.
Queda pendiente la aprobación judicial definitiva del acuerdo —la jueza Gonzalez Rogers no ha fijado fecha— y sobrevive, intacto, el frente de cientos de demandas individuales y de distritos escolares que Meta continúa afrontando en todo el país. El litigio estatal se cierra; la exposición legal de la compañía, no.
