El PP ha propuesto en el Congreso un paquete de 97 medidas para reformar en profundidad la Justicia con un sistema nuevo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una nueva regulación del indulto y la limitación de los aforamientos.
Lo ha hecho a través de la portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Moro, quien ha presentado las propuestas de resolución de los populares en la Subcomisión para el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia, una iniciativa del ministro Rafael Catalá, para establecer las líneas maestras con el fin de alcanzar un Pacto de Estado de la Justicia.
Entre las medidas propuestas sobresale la necesidad de revisar el sistema de elección de vocales del CGPJ -aunque no especifica cómo- y el sistema de nombramientos de puestos discrecionales.
También para reforzar la independencia judicial, los populares abogan por «suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos elijan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, reformular las condiciones del tránsito profesional entre política y justicia y dotar al Ministerio Fiscal de un nuevo Estatuto Orgánico y reformar el régimen de acceso de abogados y procuradores”.
Otras propuestas pasan por aprobar una Ley Orgánica del Derecho a la defensa, fortalecer el sistema de justicia gratuita, dotar de mayor protección a los creadores, regular los lobbies, formular una nueva regulación del indulto y limitar el actual régimen de aforamientos.
Los populares apuestan también por nuevas formas de organización judicial «para que la Justicia sea más ágil y eficiente»
Moro también ha resaltado la necesidad de “avanzar en la transformación digital de la Justicia fortaleciendo la gobernanza estratégica de las nuevas tecnologías hasta convertir el nuevo entorno en el trabajo ordinario con normas y procedimientos adaptados y con plenas garantías de seguridad jurídica”.
Sobre el fortalecimiento de la seguridad jurídica, clave “para mantener la estabilidad y el crecimiento económico”, María Jesús Moro ha defendido “impulsar un marco normativo que, en cumplimiento de las condiciones europeas, contribuya a la mejor protección de los datos personales haciéndolo compatible con la competitividad de las empresas, reforzar las garantías del consumidor, revisar el derecho de obligaciones y contratos e impulsar normas y mecanismos que contribuyan a reforzar la seguridad jurídica preventiva”.
Según el PP, existe un «amplio consenso» sobre todas estas medidas entre los operadores jurídicos para poder implementar el ansiado Pacto de Estado de la Justicia que demandan todos los involucrados desde hace años.
