El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido un informe a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de resolver sobre la competencia y acumulación de la causa que se sigue contra los exmiembros del Govern de Cataluña y los responsables de ANC y Omnium.
Según ha informado el Tribunal Supremo, Llarena ha dictado una providencia en la que, con carácter previo a resolver sobre la citada competencia y acumulación de la causa, solicita a la juez Carmen Lamela, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que en el plazo de 5 días le informe «sobre los aspectos fácticos, procesales e investigativos de ambos procedimientos, así como para que emplace a las partes personadas en esos procesos para que en el mismo plazo informen directamente a esta Sala sobre la eventual acumulación de los procesos».
En su providencia, Llarena señala que en la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra la presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa, hacía referencia a otras querellas presentadas por la participación de los mismos hechos ante la Audiencia Nacional, en concreto, contra «los distintos integrantes del Consejo de
Gobierno de Cataluña».
Además, citaba expresamente las «actuaciones relacionadas- en el Juzgado Central de Instrucción n° 3 de la Audiencia Nacional, se siguen las Diligencias Previas ’62/2017, contra Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro.
El magistrado Llarena decretó el pasado 9 de noviembre mandó a prisión con fianza de 150.000 euros a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y decidió dejar en libertad bajo fianzas de 25.000 euros a los cuatro diputados de JxS.
Causas en la Audiencia Nacional
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó el pasado 2 de noviembre la prisión incondicional sin fianza para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete exconsellers del Govern, mientras que ha puesto una fianza de 50.000 euros al exconseller Santi Vila para poder salir de la cárcel.
Todos ellos investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación,porque “jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad”, según subrayaba la juez Carmen Lamela en su auto.
Anteriormente, Lamela también había decretado, el día 16 de octubre, la prisión provisional por un delito de sedición, a petición de la Fiscalía, de los presidentes de ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart.
