El decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues; el ministro de Justicia, Rafael Catalá y Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.
Los economistas piden a Catalá más flexibilidad y agilidad en los concursos
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21/11/2017 05:57
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Actualizado: 20/11/2017 20:26
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Ministerio de Justicia y Consejo General de Economistas esperan que la próxima Directiva europea de insolvencias genere un efecto importante en la actividad concursal de nuestro país. Para Valentin Pich, presidente de este Consejo General “todavía los concursos son largos y poco flexibles, lo que genera que muchas empresas no sobrevivan a este proceso y cierren”.
También considera que se debe modificar la normativa de Segunda Oportunidad para que ayude a las pymes a reemprender de verdad sus negocios, pocas lo hacen.
Para este experto “aún se utiliza poco el concurso como actividad para salvar la empresa, sobre todo a nivel de pymes. Creemos que las deudas públicas que soportan muchas empresas en esta situación, sobre todo de Hacienda y Seguridad Social, son muy rígidas y las posibilidades de buscar una negociación o refinanciación es prácticamente imposible”. Al mismo tiempo, sería bueno “realizar pequeñas reformas para que los concursos fueran más agiles en su procedimiento y desarrollo porque nuestro sistema es muy garantista”.
Al mismo tiempo reconocer que “hasta el momento y solo en temas puntuales la mediación preconcursal no ha funcionado en este tipo de asuntos y sobre los acuerdos de refinanciación no siempre se consiguen previo al estadio concursal. Respecto a la Segunda Oportunidad, reconoce que “con los pasivos que llevan las empresas relacionados con Hacienda y Seguridad Social es complicado que puedan acogerse a dicha normativa”.
Por eso cree que habría que estudiar otro cambio normativo “que ayudara a cobrar lo que se pudiera cobrar sin poner en peligro la viabilidad de las compañías, cuestión que es ahora, hoy por hoy, complicada”.
Pich realizaba a CONFILEGAL dichas declaraciones tras la presentación este lunes en el Colegio de Economistas de Alicante, el Atlas Concursal, elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) –órgano especializado del Consejo General de Economistas– en un acto en el que han intervenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el propio presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, y el secretario técnico del REFOR-CGE, Alberto Velasco.
Esta publicación recopila los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores, mediación, refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), estableciendo comparaciones entre Comunidades Autónomas, así como entre los diferentes países de la Unión Europea, lo que permite obtener una radiografía de esta problemática.
Al inicio de la presentación, el ministro de Justicia señaló que este Atlas “aportará luz” a la reforma del sistema concursal español que debe emprenderse en el marco de la transformación integral de la Justicia en la que se ha venido trabajando en el Congreso de los Diputados a lo largo de este año.
Catalá se refirió a la necesidad de disponer de un Texto Refundido de Ley Concursal sin perder de vista iniciativas que se están gestando en la Unión Europea para establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más completa a los procesos de reestructuración preventiva de deudas o simplificar el Derecho concursal.
Durante su intervención, el ministro señaló que “España no se puede permitir el lujo de detenerse ni de ralentizar la velocidad de crucero que tanto nos ha costado conseguir”. De ahí la conveniencia de avanzar por el camino de las reformas “para seguir construyendo una España más segura, estable y próspera”. “No hay mejor antídoto frente al riesgo y la incertidumbre que el Estado de derecho, la defensa de la legalidad constitucional y el fortalecimiento de la seguridad jurídica”, concluyó.
El concurso sigue llegando tarde para la empresa
Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, aunque reconoció los avances producidos en materia concursal, destacó que “en muchas ocasiones, las empresas acuden tarde al concurso y en unas condiciones económicas muy negativas, por lo que el 90% de las que lo hacen acaban en liquidación; sería conveniente que, antes de llegar a una situación límite, intenten refinanciarse empleando los mecanismos que hay a su disposición”.
Así mismo, destacó el descenso del número de concursos en nuestro país en 2016 (un 20% menos que en 2015), aunque indicó que “las situaciones de insolvencia siguen percibiéndose en nuestro país como un estigma, por lo que muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación, de ahí que mientras que en Francia hubo cerca de 58.000 concursos el pasado año, en España apenas pasaron de los 4.000”.
A este respecto, Pich hizo alusión a la Directiva europea de insolvencias –actualmente en fase de borrador– y manifestó que esta debería incentivar procedimientos de contenido económico-empresarial, más ágiles y menos formalistas. “De esta forma se podría conseguir disminuir la actual elevada cifra de liquidaciones existente en nuestro país, aportándose más seguridad mercantil y estimulando la creación de más empresas debido a un entorno económico más estable”, concluyó.
Estadística concursal al detalle
A continuación, el decano del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, y el secretario técnico del REFOR, Alberto Velasco, explicaron el Atlas concursal y ambos coincidieron en señalar que los concursos de acreedores continúan reduciéndose en 2017, aunque con menor intensidad que en 2016
Así, según las últimas estadísticas del INE, de enero a septiembre de 2017 han disminuido los concursos de acreedores de empresas un 3,6% con respecto al mismo período del año anterior.
Por lo que se refiere a concursos de personas físicas, sin embargo, se ha producido un incremento del 13%. Esta evolución tan dispar pudiera deberse, entre otras razones, a que para poder obtener un acuerdo extrajudicial de pagos es preciso primero declarar el concurso de las personas físicas.
Por otro lado, continúa la senda descendente en los acuerdos de refinanciación homologados en 2017, incrementándose incluso su bajada, ya que hasta agosto 2017 disminuyen un 30% (tan sólo 40 frente a los 57 en 2016).
Por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, según comenta Francisco Menargues, decano del Colegio de Economistas de Alicante, esta Comunidad ocupó –con 658 concursos de empresas en 2016–, la tercera posición dentro de las Comunidades Autónomas con más concursos de acreedores, tras Cataluña, y Madrid (le siguen Andalucía y País Vasco).
Comparado con el año anterior, en el que se alcanzaron las 846 insolvencias empresariales, disminuyeron en Comunidad Valenciana los concursos de acreedores un 23%, siendo dicho decrecimiento mayor que el total nacional, cuya cifra se situó en el 20%.
En el total nacional en 2016, el 0,13% de las empresas acude a concurso de acreedores. Es decir, aproximadamente solo 1 de cada 800 empresas en España solicita concurso de acreedores. La Comunidad Valenciana y País Vasco, con un 0,18%, son las que más concursan en esta comparativa relativa (número de concursos/número de empresas).
Le siguen Cataluña y Aragón, con un 0,15%. Galicia se sitúa a continuación con un 0,13% (como el promedio del total nacional). Madrid ocuparía un lugar posterior con un 0,12%. Las comunidades autónomas con menos porcentajes de concursos en relación con su número de empresas son: Andalucía, con un 0,09%, y Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias con un 0,08%. El rango del ratio va desde 0,08% a 0,18%.
En cuanto a las personas físicas que acudieron al concurso de acreedores en la Comunidad Valenciana en 2016, fueron 134 casos que suponen un 14% del total nacional de 956. Hasta 31 de diciembre de 2016, hubo 266 mediaciones concursales en la Comunidad Valencia (Valencia 182 que representan el 68%; Alicante 59 siendo el 22%; y Castellón 25 aproximadamente el 10%) con un crecimiento del 130%. La Comunidad Valenciana ocupa la segunda posición en número de mediaciones concursales (tras Cataluña y en tercera posición Madrid).
En el total nacional en 2016, el 0,13% de las empresas acude a concurso de acreedores aunque muchas más cerraron durante este ejercicio
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