Carmen Lamela es la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, que estudiará si admite las querellas
La juez Lamela a favor de que el Supremo acumule todas las causas de rebelión del «procés»
|
22/11/2017 10:03
|
Actualizado: 22/11/2017 10:29
|
La juez Carmen Lamela es favorable a la acumulación de todas las causas abiertas por rebelión porque se está investigando a los miembros de «una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario».
Además, la magistrada entiende que los integrantes de esta organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia para ese objetivo.
Este es el sentido del informe que la juez de la Audiencia Nacional remitió ayer al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, en relación la posible acumulación de las causas abiertas en relación con el proceso secesionista de Cataluña.
La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, recogidos en el artículo 17.2.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”.
Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.
Una organización con un plan preconcebido
La juez Lamela explica en su informe de 35 paginas que de lo actuado hasta el momento hay elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario.
La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Omnium.
A todos ello une los asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.
Desde ese reparto de funciones, Lamela argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.
Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas.
Su fin era crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas.
Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales.
ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”.
Papel esencial de los Mossos d’Esquadra
Dentro de esa organización investigada, para Lamela cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos D’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. “
Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”.
La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.
Desvío de Fondos Públicos y asignación de recursos para la causa secesionista
Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, «la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos«.
Recuerda la magistrada que pese al veto del Tribunal Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo.
Y el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Dª Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum.”
Planes de comunicación y propaganda
En su escrito, la magistrada señala que para llevar a cabo el plan independentista «una herramienta fundamental eran las acciones de comunicación. En esta caso, diseñando una campaña muy contundente que hiciera entender de forma mayoritaria las ventajas de un Estado propio utilizando mensajes de marketing y publicidad».
Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente.
Noticias Relacionadas:
