El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, defendió ayer con firmeza la independencia judicial, la vigencia de la acción popular y el sentido jurídico del aforamiento, en una intervención extensa que repasó los pilares del sistema judicial español y denunció lo que considera una amenaza silenciosa: la politización creciente de la justicia.
Fue durante su intervención en uno de los Cursos de Verano CEU-El Escorial que lleva por título «Justicia y Estado de Derecho» y en el marco de su ponencia que tituló «Defensa del sistema de justicia penal y democracia», en la que el director de Confilegal, Carlos Berbell, ejerció de moderador.
En un discurso marcado por referencias constitucionales y datos concretos, Llarena advirtió de los riesgos que enfrenta el Poder Judicial en el actual contexto político y social.
“Nuestro primer mandato es que nos sometamos únicamente —y subrayo únicamente— al imperio de la ley”, afirmó, recordando el artículo 117 de la Constitución Española como eje vertebrador de la función jurisdiccional.
“Backsliding”: el retroceso suave en la independencia judicial
Llarena alertó sobre una tendencia creciente a nivel internacional que calificó como «backsliding», un retroceso paulatino, “un deslizamiento hacia atrás, suave pero persistente”, en la independencia del poder judicial.
Según el magistrado, esta deriva se manifiesta también en España, donde la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de los jueces ha caído dramáticamente.
“Me sorprende profundamente que en España el 55% de los ciudadanos consideren que los jueces no somos independientes”, reconoció. “Cuando en la última encuesta del Consejo General del Poder Judicial, el 98% de los jueces afirmaban sentirse independientes. Esa diferencia de percepción es alarmante”.
Llarena identificó una de las causas de ese descrédito en la forma en que se elige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo modelo de designación política, dijo, “no solo afecta a la apariencia de independencia, sino que compromete la esencia misma de la función judicial”.
Y añadió: “Las instituciones europeas son tajantes: al menos la mitad de los vocales del CGPJ deben ser elegidos por los propios jueces”.
Acción popular y fiscalía: “la mejor forma de tapar un procedimiento penal es que nunca emerja”
Uno de los tramos más críticos de su intervención fue dedicado al proyecto legislativo que busca restringir la acción popular y atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal.
Aunque Llarena reconoció que los fiscales tienen la misma formación y capacidad técnica que los jueces, lanzó una advertencia contundente: “La mejor forma de tapar un procedimiento penal es que nunca emerja”.
La reforma, explicó, impediría que la acción popular proponga pruebas durante la fase de instrucción o recurra sobreseimientos provisionales. “Esto levanta asperezas —dijo— porque en los delitos de interés general, donde no hay perjudicados directos, quedaría únicamente el Ministerio Fiscal como parte acusadora”.
Además, denunció que el cambio no contempla garantías para proteger la independencia del fiscal respecto al Ejecutivo. “No se introduce ningún instrumento que limite la relación directa entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado”, alertó.
Y recordó que el Informe GRECO de 2024 ya ha reprochado a España su inacción en este sentido: “Desde que se le pidió regular la transparencia de esas comunicaciones, no se ha hecho nada”.
El aforamiento y la inviolabilidad del Rey: “La respuesta no puede ser judicial, debe ser política”
Llarena defendió también la figura del aforamiento para jueces y cargos públicos, no como un privilegio, sino como una garantía de estabilidad institucional y seguridad jurídica. “No es razonable que una vicepresidencia del Gobierno quede en entredicho por una decisión judicial de un juez que acaba de ingresar”, sostuvo. “La decisión debe ser estable y tomada por un juez del mismo o superior nivel jerárquico”.
En cuanto a la inviolabilidad del Rey, Llarena fue claro: “Si el monarca fuera procesado, colapsaría el sistema de sucesión. No hay ninguna función en el Estado que no pueda ser sustituida, salvo la Jefatura del Estado”.
Por eso, zanjó: “La Constitución prevé una respuesta política, no judicial. Y si hay que cambiar eso, debe hacerse por la vía constitucional, no por una denuncia ante un juez de Dos Hermanas”.
Una justicia sometida solo a la ley
En el cierre de su intervención, el magistrado reiteró la misión esencial de los jueces en democracia: actuar con independencia, imparcialidad y responsabilidad.
“La sociedad nos da el privilegio de la independencia, pero nosotros debemos devolverle la imparcialidad”, concluyó. “Y eso solo se garantiza cuando el juez se somete exclusivamente al imperio de la ley, no a sus prejuicios ni a presiones externas”.
