El tribunal colegiado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Ricardo Bodas, celebrará mañana una vista oral inédita en nuestra historia democrática.
Los demandantes son, ni más ni menos, que las cuatro asociaciones judiciales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI).
La parte demandante es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de autogobierno de todos los jueces.
El objeto de la demanda laboral presentada ante la Audiencia Nacional es que el CGPJ suprima el denominado ‘Mapa Judicial de Riesgos y sistema de alerta’ y regule la carga de trabajo de jueces y magistrados a efectos de salud laboral.
De acuerdo con un comunicado emitido por las 4 asociaciones, éstas se sienten «legitimadas» para obligar al CGPJ a fijar «de una vez por todas» unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades como el «derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar».
Sobre todo porque, «a fecha de hoy», todavía no existe regulación de la carga de trabajo a efectos de salud laboral.
Desde su punto de vista, el CGPJ pretende aplicar unas medidas de manera «unilateral y provisional» que, a su juicio, son «completamente ineficaces», pese a que el Plan de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial prevé que existe una obligación para «proteger la salud» de los profesionales.
Como testigos de los demandantes comparecerán los magistrados Carlos Preciado, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y Gloria Poyatos, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
DEMANDAS PREVIAS
Las cuatro asociaciones recuerdan que llevan desde 2014 reclamando al CGPJ que «proceda a cumplir sus obligaciones» en relación a la regulación de la carga de trabajo que sustituya a los módulos anulados en el 2006.
Tras negociar con el órgano de gobierno de los jueces que preside Carlos Lesmes, las asociaciones consideran que sólo han conseguido la implantación de un «sistema de alertas», impropio de un plan de prevención de riesgos y de fijación de cargas de trabajo.
Ese mismo año la Sala de lo Social admitió a trámite la demanda por conflicto colectivo presentada igualmente por las cuatro asociaciones contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la sobrecarga de trabajo pero se llegó a un acuerdo previo a la vista oral.
Esta vez, tendrá lugar. EP.
