El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene previsto plantear este viernes, 8 de diciembre, a sus colegas europeos la necesidad de revisar el sistema de euroórdenes para, entre otras opciones, ampliar el número de delitos afectados, porque, según ha dicho, el actual modelo no es ágil ni resulta eficaz.
Así lo ha avanzado en una conversación informal con periodistas al término del acto central de conmemoración del trigésimo noveno aniversario de la Constitución, que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados.
El titular de Justicia llevará este asunto al Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) que tendrá lugar este viernes en Bruselas (Bélgica) y aportará la experiencia de los últimos días con el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont.
LA EXPERIENCIA DE PUIGDEMONT
El pasado 3 de noviembre, la magistrada del Juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó una euroorden de detención contra Puigdemont y los cuatro consejeros cesados de su Govern que le acompañan en Bruselas por no acudir a declarar pese a estar citados como presuntos autores de los delitos de rebelión, sedición, prevaricación, malversación y desobediencia en la causa por el proceso independentista en Cataluña.
Sin embargo, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acordó este martes retirar las euroórdenes para evitar que la Justicia belga restrinja los delitos por los que se les acusa en España y conseguir así que todo el antiguo Govern sea investigado en igualdad de condiciones, una decisión que el propio Catalá considera «razonable».
La intención del magistrado es evitar que, a la hora de autorizar la entrega de los imputados, la Justicia belga pueda plantear una tipificación distinta de los delitos que se imputa a los exmiembros del Govern huidos.
HAY QUE ASEGURAR EL RECONOCIMIENTO DE MÁS DELITOS
Se tenía la sospecha de que Bélgica iba a negar que los imputados pudieran ser acusados de rebeldía y sedición, delitos que no tiene tipificados en su legislación de la misma forma que en España, lo que provocaría una situación procesal distinta con relación al resto de encausados del Govern destituido.
Precisamente éste es uno de los problemas que se derivan del actual sistema de euroórdenes y que impide la entrega de un acusado al país donde presuntamente ha cometido el delito si éste no está tipificado en el Estado donde se encuentre.
La euroorden nació en 2002 y en un primer momento sólo afectaba a un número muy limitado de delitos, principalmente relacionados con el terrorismo, y a lo largo de los años se ha ido actualizando conforme al principio de confianza entre los Estados, pero aún no cubre la totalidad de conductas delictivas. EP.
