La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba al término del Consejo de Ministros que el Ejecutivo pretende elaborar 287 normas legislativas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto, y se transpondrán 52 directivas comunitarias.
Así se recoge en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado.
Además, prevé la posible aprobación de otras normas, como las que deriven de los trabajos de las comisiones parlamentarias del Congreso. «Somos plenamente conscientes de que también el Legislativo puede trasladar al Gobierno la necesidad de aprobar proyectos de ley», ha dicho.
La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno iniciará o continuará la redacción de esas normas y que en su tramitación mantendrá contactos con los distintos partidos políticos, por lo que algunas se materializarán en leyes y otras no, en función de si existe o no acuerdo. «El plan no es rígido, es posible que a lo largo de la legislatura se plantee la necesidad de aprobar otras normas», ha subrayado.
Una de las prioridades del Gobierno es modificar la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, así como los que se deriven de la suscripción del Pacto de Estado en materia de violencia de género creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Según ha apuntado la vicepresidenta también se desarrollará la Ley de menores sin alcohol, con el fin de adoptar medidas preventivas eficaces para evitar la problemática asociada al consumo de alcohol por parte de los menores de edad y, el desarrollo de la ley del voluntariado.
Sáenz de Santamaría también ha indicado que la protección del medio ambiente recibirá un impulso con la redacción de la ley de cambio climático y transición energética y con la ley de reducción de gases de efecto invernadero.
En materia de protección de derechos, cabe destacar las reformas normativas previstas en el ámbito de la legislación civil, penal y procesal, en el cuál se prevé la modificación de los cuerpos normativos más importantes: el Código Civil, el Código Mercantil, Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En en algunos casos se trata de modificaciones de aspectos concretos, en otros, como en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la finalidad es, sin duda, más amplia, y pretende una revis ión a fondo del modelo.
Prevención de blanqueo de capitales
Además, la vicepresidenta ha avanzado que se modificará la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y se regularán determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Asimismo, se aprobarán reglamentos de desarrollo de la ley de transparencia y de la de derecho de asilo.
En el ámbito financiero, Soraya Sáenz de Santamaría ha citado la ley de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero, la transposición de una directiva reguladora del Mercado de Valores y la modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades.
También ha resaltado la modificación del sistema de financiación autonómica y de la ley reguladora de las haciendas locales, así como la aprobación de las leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 2018 y 2019.
Ley de propiedad intelectual
En materia de Cultura, según se desprende del plan anual normativo, se modificará la Ley de Propiedad Intelectual con el objetivo de adaptarla al marco comunitario europeo a través de la transposición de dos directivas.
La primera, la 2014/26/UE, tiene como objeto garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; y regular la concesión, por dichas entidades, de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea.
La segunda, la 2017/1564/UE, facilitará el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, a fin de mejorar la disponibilidad y el intercambio transfronterizo de determinadas obras y otras prestaciones protegidas.
