Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han amenazado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, con movilizaciones a comienzos de 2018 si no se convoca de manera urgente la mesa de negociación para abrir el diálogo «sobre los múltiples problemas que padecen los trabajadores de la Administración de Justicia».
Así lo han expresado en un comunicado conjunto, donde los sindicatos señalan que hace dos semanas presentaron un escrito en el que solicitaban la apertura de negociación y daban un ultimátum al ministro por «la inaceptable actitud y el gran desinterés» hacia los funcionarios de la Administración de Justicia y el buen servicio a la ciudadanía.
Todos ellos cargan contra el ministro Rafael Catalá al tachar de «falsos» los anuncios de oferta de diálogo y de buena disposición porque, según afirman el ministro «únicamente negocia con las asociaciones de jueces y fiscales» pero no con los más de 9.000 funcionarios de justicia cuyos problemas siguen sin resolverse.
Exigen «mejoras reales para los Juzgados de Violencia de Género y juzgados de guardia, solución a los fallos en nuevas tecnologías y LexNET, se refieren a «los fallos continuos en la modernización de la justicia, que se mantienen «a pesar de las inversiones millonarias de dinero público«.
También denuncian la «inaceptable» desigualdad salarial. En el ámbito competencial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla así como Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Fiscalías especiales) por el mismo trabajo existe una diferencia salarial de más de 400 euros al mes con respecto a los funcionarios destinados en las CCAA transferida». «A igual trabajo, igual salario», exigen los sindicatos.
«No existe razón objetiva que justifique esta diferencia salarial que debe ser abordada en la mesa de negociación a través de un acuerdo retributivo que homologue el complemento específico del ámbito del Ministerio al del resto de CCAA con competencias», aseguran.
A todo ello se une que «unilateralmente ha decido mantener solo tres de las ocho sedes de examen de promoción interna (Valladolid, Madrid y Murcia) obligando al personal del resto de España a costosísimos desplazamientos para realizar los exámenes. Esta decisión es otra vuelta de tuerca contra nuestro derecho a la promoción interna tras la rebaja del 50% al 30% de las plazas y la negativa a la convocatoria extraordinaria de promoción interna prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)»
«Nos vemos obligados a utilizar todos los medios a nuestro alcance de denuncia y caso de mantenerse el ministro en esta actitud nos obligará a plantear un conflicto generalizado en la Administración de Justicia que iniciaremos con movilizaciones a comienzos de 2018«, advierten los cuatro sindicatos.
