El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado ampliar la investigación que sigue por un posible delito de rebelión en el procés independentista a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al expresidente de la Generalitat Artur Mas y la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel, entre otros.
En un auto del que ha informado el Supremo, el juez da la misma condición de investigados a la presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boyá; a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.
Esta es la decisión que ha adoptado el juez del Supremo tras haber recibido un informe de la Guardia Civil que califica de «ideologos» a todos aquellos que formaron parte del ‘Comité Estratégico’ del procés.
Para ello, el juez se ha basado en el documento «Enfocats» y los apuntes de la libreta incautada a Josep María Jové, número dos de Oriols Junqueras.
En un auto notificado hoy, el juez comunica la existencia del procedimiento a estos nuevos investigados, así como las sospechas que existen sobre ellos. Llarena les comunica los derechos que les asisten como imputados de acuerdo con la el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la posibilidad de ejercerlos de forma inmediata.
En su escrito, Llarena explica que las diligencias que hasta ahora se han practicado muestran que los hechos que se investigan se han podido desarrollar bajo la dirección y coordinación de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia ( AMI) .
Unas sospechas cuyo fundamento, según el juez, no solo se encuentra en que aparecen referenciados como integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento “ Enfocats”, “ sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge”.
De un lado, Llarena destaca que todas estas personas aparecen identificadas como participantes de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para “idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga, tal y como se recoge en la citada agenda intervenida con ocasión del registro practicado en el domicilio de Josep María Jové Lladó”.
Llarena añade que todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en su desarrollo, “aportando el apoyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término”, tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.
