El juzgado de Primera Instancia número 24 de Palma de Mallorca ha condenado a la aseguradora de una clínica dental a pagar 14.028 euros a un paciente porque el consentimiento informado que firmó antes de someterse a un tratamiento no informaba adecuadamente de las complicaciones que acabó padeciendo.
En una sentencia divulgada por la asociación El Defensor del Paciente, el citado juzgado admite parcialmente la demanda del afectado, un hombre de 50 años que reclamaba casi 54.000 euros a la clínica odontológica.
Los hechos se remontan a 2015 cuando el paciente acudió al centro a arreglarse la boca. En lugar de rehabilitar el mal estado, que consistía en extraer algunas piezas y colocar una prótesis, lo cierto es que cuando acabó el tratamiento el paciente estaba mucho peor que cuando empezó. La prótesis no encajaba bien, no logrando en las sucesivas visitas del mismo al centro dental, un buen ajuste de la misma.
Pese a todos esos errores, el fallo determina que, aunque el paciente sufrió secuelas tras la colocación de una prótesis provisional y el mal resultado de varios implantes, los profesionales que le atendieron sí le practicaron las pruebas diagnósticas preceptivas y le realizaron un tratamiento adecuado.
«Todas las actuaciones llevadas a cabo por la clínica fueron razonables y en correspondencia con la forma habitual de ejecutar el tratamiento al que se estaba sometiendo el paciente», indica la jueza que dictó la sentencia.
En consecuencia, declara que el centro odontológico no vulneró su obligación de correcta práctica médica, entendiendo que las pretensión del demandante en este sentido no deben ser atendidas.
Lo más significativo del fallo de la sentencia, es que a pesar de que el centro médico presentó un amplísimo documento de Consentimiento Informado firmado por el paciente, la defensa pudo demostrar que en realidad no había habido un auténtico consentimiento, puesto que se trataba de “documentos formularios, estereotipados, de mera adhesión”, abarcando la totalidad de la práctica odontológica, constando por ejemplo los posibles problemas por blanqueamiento de dientes, cuando el paciente de quien se trataba no tenía ni un solo diente.
«Resulta evidente que la información contenida en el documento de consentimiento informado que firmó (…) de ninguna manera puede ser considerada suficiente y adecuada», indica la sentencia.
«Firmó -continúa el fallo- un consentimiento informado con un déficit de información total respecto a la existencia de un riesgo de pérdida de los implantes que se le habían de colocar».
Por esta «negligencia», se condena al centro odontológico, y subsidiariamente a su aseguradora, a abonar al paciente «una indemnización equivalente al coste del tratamiento que este, a día de hoy, necesita para acabar el proceso de colocación de prótesis dentales que inició con esta clínica», 14.028 euros.
