El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Foto: EP.
Junqueras solicita al Supremo que le deje salir de prisión para la investidura
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10/1/2018 16:32
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Actualizado: 10/1/2018 16:48
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La defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que le traslade a una prisión catalana y le permita salir de prisión para asistir al pleno de constitución del Parlament y al de investidura, de forma que su encarcelamiento no altere las «mayorías» de la cámara.
El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentado un escrito ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que pide que sea trasladado de forma urgente a una cárcel de Cataluña para garantizar que, por su proximidad al Parlament, pueda desarrollar «su actividad de participación política».
Concretamente, Junqueras solicita ser excarcelado para los plenos de constitución del Parlament, previsto para el próximo 17 de enero, y de investidura, que se calcula tendrá lugar el 29 del mismo mes, para evitar que su situación afecte «a la dinámica de las mayorías parlamentarias», dado que su voto es «indelegable» y su función en el plenario «no puede ser sustituida».
Un preso sigue manteniendo sus derechos políticos
La defensa de Junqueras argumentan que un preso sigue manteniendo sus derechos políticos, como votar y ser elegido en un proceso electoral: «Un diputado electo ha de poder ejercer sus funciones políticas esenciales».
En este caso, Van den Eynde ha optado por solicitar el traslado de Junqueras al juez instructor, en vez de a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, que el pasado mes de noviembre denegó la petición del expresidente de la ANC Jordi Sànchez para que se le desplazara a la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona).
El escrito invoca el derecho de un diputado electo a ejercer «sus funciones políticas esenciales» y advierte de que impedir a Junqueras asistir a las sesiones del Parlament «modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular, que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas».
La defensa precisa que la presencia de Junqueras en el pleno de constitución del Parlament, con las medidas de vigilancia que se consideren adecuadas, es «insustituible», ya que «determinará la mayoría para la elección de la Mesa».
Naciones Unidas y las ‘Reglas Nelson Mandela’
Sus letrados también citan las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, las ‘Reglas Nelson Mandela‘, que establecen que «los reclusos en espera de juicio gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuente con dicha presunción».
Defienden que un encarcelado no está excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella, y «en consecuencia la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento».
Su defensa también apela a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para defender que los internos «gozan de todos los derechos fundamentales de la convención excepto el derecho a la libertad.
Así, concluye que entre estos derechos que deben garantizarse está el de participación y representación políticas, y recuerda que Junqueras fue el candidato de ERC a las elecciones del 21 de diciembre y fue elegido por la ciudadanía –el escrito adjunta la credencial de diputado–.
«En situación de prisión provisional, por tanto, un diputado electo ha de poder ejercer sus funciones políticas esenciales, y por más que su encarcelamiento haga incompatible la asistencia diaria a la Cámara, no puede implicar su inasistencia al plenario», concluye.
Participación política y derechos personales
Su defensa pide al juez que proteja «un derecho tan fundamental como el de participación política» y advierte de que no se puede «sacrificar» el derecho a voto de Junqueras «sin producir daños irreparables y afectar a derechos e intereses legítimos de terceros».
El escrito también argumenta que el traslado de Junqueras a Cataluña para asistir a los plenos supondría «una notable reducción de costes de todo tipo, inherentes al uso de conducciones y vigilancias», y apela también a los «derechos personales» del exvicepresidente de estar cerca de su esposa y de sus dos hijos, de 2 y 5 años.
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