Las asociaciones de jueces advierten que, desde el punto de vista jurídico, es más que cuestionable una posible investidura telemática del expresidente catalán Carles Puigdemont desde su exilio en Bélgica y creen que su intención evitando acudir a la sesión de investidura del Parlament catalán es ponerse fuera del alcance de la Justicia.
Según ha explicado Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, el pacto alcanzado por JuntsxCat y ERC para la formación de la Mesa del Parlament implicaría una reforma previa del reglamento de la cámara regional, por lo que, de salir adelante esta modificación, el Gobierno la recurriría ante el Tribunal Constitucional, quedando automáticamente suspendida.
De ser así se incurriría en una situación idéntica a la que ha estado Cataluña los últimos meses, es decir, seguiría vigente la aplicación el artículo 155 hasta que no existiera un presidente y un gobierno nombrados y posesionados de acuerdo con las normas legales.
Esta situación se podría alargar incluso meses hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso del Gobierno contra la reforma del Reglament, previsiblemente anulándola por completo.
Un desacato de la suspensión del alto tribunal implicaría la vuelta a un escenario de ilegalidad contrario a la Constitución, según expone el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Celso Rodríguez Padrón, que ha recordado que la situación sería la misma que la que se produjo cuando la cámara regional sacó adelante las leyes de desconexión gracias a la reforma exprés del reglamento del Parlament para aprobar normativas por la vía de urgencia.
PREVARICACIÓN
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Raimundo Prado, ha explicado que si se hiciera una resolución, basada una interpretación del reglamento de la Cámara que, de manera voluntaria fuera «torticera» e injusta con la legalidad, supondría una prevaricación, que encajaría de lleno en la jurisdicción penal.
Se refiere así a la posibilidad que plantean las formaciones independentistas de que Carles Puigdemont delegue la lectura de su discurso en la sesión de Constitución del Parlament debido a su ausencia, y que no sería la única ya que los exconsellers Clara Ponsatí, Lluis Puig, Antoni Comín y Meritxell Serret, son también diputados electos que se encuentran con él en Bélgica.
Los magistrados consideran que no es lo mismo ausentarse en la sesión por estar huido que por permanecer en prisión, como ocurre con los diputados electos Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez, exlíder de ANC.
En el caso de estos últimos pueden pedir un permiso al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, para poder estar presente en la misma y no sería de extrañar que se concediera.
«QUEDARSE EN BRUSELAS ES CONTRARIO A LA LÓGICA»
Para Celso Rodríguez Padrón lo único cierto en estos momentos «es la condición de fugado» de Puigdemont el cual, si vuelve a España, ingresaría en situación de prisión provisional debido a la orden de detención nacional que pesa sobre su persona por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
La opción de quedarse en Bruselas «parece contraria a la lógica», según Rodríguez que dice que es absolutamente extraño que en cualquier situación de normalidad democrática exista un gobierno presidido por una persona fugada de la Justicia.
Además ha recordado que los magistrados de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo negaron la semana pasada excarcelar al líder de ERC, Oriol Junqueras, entre otros aspectos porque el ejercicio de los derechos políticos en España protegidos por la Constitución no otorga ninguna carta de impunidad; mensaje que hace extensible al expresidente catalán.
UNA SOLUCIÓN INVIABLE
Concepción Rodríguez, presidenta de la Gestora de Foro Judicial Independiente, por su parte, opina que es una «solución inviable».
«Puigdemont no va a poder desempeñar esa función desde Bruselas. Esto es todo un paripé que no hace sino prolongar el problema. Si quiere ser presidente tiene que volver a España para participar en el juego parlamentario, aunque ya sabe lo que le espera si regresa. Esta solución que pretenden no es viable para el día a día», explica. EP, con información de Confilegal.
