Juan Bravo, presidente de Adif y exconsejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón -y exsecretario de Estado de Justicia cuando éste ocupó dicha cartera- ha defendido este lunes que la adquisición de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, se hizo de forma regular y que de todos los informes de adquisición que se presentaron, el de 73 millones de dólares fue la mejor opción.
Según han informado fuentes jurídicas, tras conocer su citación como investigado, Bravo ha preparado su declaración porque hace ya más de 16 años que el consejo de administración del Canal, del que formaba parte, dio el visto bueno a la compra, y no recordaba muchos detalles al respecto.
El abogado del exconsejero ha explicado a la salida de la comparecencia ante el magistrado que instruye el ‘caso Lezo‘, que ha durado cerca de hora y media, que ha hecho una declaración «muy completa» y que ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado, incluidas las de la fiscal Ana Cuenca y la acusación popular que ejerce Adade.
Para el abogado de Bravo, en la adquisición de Inassa no hubo nada irregular, ni penal ni administrativamente, y ha subrayado que el proyecto se ajustó a derecho en todo momento según los dossieres con los que contaron los exconsejeros del Canal de Isabel II para dar luz verde a la operación.
Además de aprobar la compra de Inassa como miembro del consejo de administración de la empresa pública de aguas, Bravo también dio su visto bueno como consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid que era en 2001, dentro del Gobierno regional que presidía entonces Alberto Ruiz-Gallardón.
HAN PASADO 16 AÑOS
El actual presidente de Adif ha sido el último de los acusados en declarar ante el magistrado instructor de la trama Lezo, ya que previamente lo han hecho Miguel Ángel Saldana, Roberto Sanz y Agapito Ramos, todos ellos en calidad de exmiembros del Consejo del Canal.
Según han explicado al término de los interrogatorios, la operativa de adquisición de Inassa fue buena y no supuso en ningún caso un endeudamiento de la empresa pública de aguas.
Todos ellos han respondido a las preguntas de las partes, incidiendo en que hace 16 años de este acuerdo y que no recuerdan los flecos y las particularidades del mismo. A excepción de Ramos, que apenas ha estado diez minutos en la sala, las declaraciones del resto de investigados se han prolongado durante más de media hora. También estaba citado para este lunes Adriano García-Loygorri, aunque no ha atendido la citación judicial.
CITACIONES DE TESTIGOS
El juez tomará declaración mañana en calidad de testigos a ocho personas implicadas en la adquisición de la sociedad colombiana, entre los que destaca José Ferrán Beltrán, de la empresa Técnicas Valencianas de Aguas (Tecvasa) que adquirió el 25 por ciento de Inassa y Ciril Rozmán, exdirector financiero de la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar).
Retomará el interrogatorio a los investigados el próximo martes, 23 de enero, con el exdirector gerente del Canal Arturo Canalda. El miércoles está llamado a declarar el que fuera subdirector de nuevos negocios Pablo López de las Heras y un día después José Antonio de Cachavera, exdirector económico y de desarrollo comercial.
Los tres son los autores del dossier que entregaron a los exconsejeros y los que defendieron la compra, aunque la Fiscalía Anticorrupción les acusa de montar una operativa paralela repleta de irregularidades. (EP)
