La Audiencia Nacional (AN) ha señalado entre los días 13 y 30 de septiembre de 2027 el juicio contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntas irregularidades en adjudicaciones vinculadas al campo de golf del Canal de Isabel II, en el marco de una de las piezas del denominado ‘caso Lezo‘.
La Fiscalía sostiene que dichas adjudicaciones tenían como finalidad la obtención de comisiones ilegales mediante empresas controladas por su entorno familiar.
Anticorrupción solicita para González seis años de prisión y una multa de 550.000 euros por dos delitos de cohecho. La misma pena reclama para el exgerente del Canal de Isabel, II Ildefonso de Miguel; el hermano del exdirigente, Pablo Manuel González; su cuñadoJosé Juan Caballero, y el socio de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), José Antonio Clemente.
Se investiga presuntas irregularidades cometidas en adjudicaciones al campo de golf del Canal de Isabel II
Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al concurso convocado para las obras de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento del tercer depósito del Canal, adjudicado en 2003 a ACS —posteriormente Dragados—.
Un año después, y pese a que las modificaciones previstas alteraban sustancialmente el proyecto inicial, la dirección del Canal impulsó un modificado sin convocar una nueva licitación. La Fiscalía sostiene que esta decisión se tomó para beneficiar a familiares de González, imponiendo a Dragados la subcontratación de TCT.
La acusación subraya que los verdaderos titulares de TCT eran el hermano y el cuñado de Ignacio González, si bien figuraban a través de testaferros para ocultar su vínculo familiar.
El modificado fue aprobado en el Consejo de Administración del Canal el 19 de julio de 2006 con la intervención directa del entonces presidente del ente público. Ese mismo año, otro concurso para la gestión de las instalaciones deportivas del tercer depósito fue adjudicado a una UTE integrada, entre otras, por TCT.
Para Anticorrupción, TCT carecía de capacidad técnica real para ejecutar los trabajos adjudicados y actuó como mera intermediaria, subcontratando las obras a terceros y quedándose con una comisión del 8 %. Solo en el proyecto del campo de golf, Dragados subcontrató a TCT trabajos por más de tres millones de euros, pese a que la sociedad no estaba capacitada para ejecutarlos. El beneficio indebido obtenido superaría los 500.000 euros, procedentes —según la Fiscalía— de fondos públicos.
El Ministerio Público sostiene, además, que los acusados se repartieron los beneficios conforme a un plan previamente diseñado y documentado, lo que refuerza la tesis de una actuación concertada para desviar recursos públicos en beneficio privado.
