El constructor y presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, ha confesado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que pagó comisiones de entre 3.000 y 6.000 euros a políticos del PP, PSOE e IU en diversos municipios madrileños a cambio de que adjudicaran a sus empresas la construcción de vivienda pública, según han informado fuentes presentes en la declaración.
Marjaliza, que ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto las de la defensa de Francisco Granados, ha concretado que con este sistema logró adjudicarse más de 1.000 viviendas entre los años 2000 y 2013 en localidades como Parla, Getafe y Valdemoro, esta última epicentro de la trama Púnica. Para ello el empresario tenía contactos en el consorcio urbanístico de cada municipio con quienes hacía los negocios.
Así por ejemplo, y según las fuentes consultadas, ha puesto como ejemplo que en Getafe, aunque en ese momento gobernaba el socialista Pedro Castro, las comisiones las abonó a la representación del PP en dicho consorcio. Igualmente ha explicado al juez instructor de la trama que Castro fue una de las personas a las que le entregó dinero en negro en efectivo.
De Getafe, ha relatado que, cuando gobernada el socialista Pedro Castro, los tres partidos (PSOE, PP e IU) se repartían por cuotas la parte de vivienda protegida que era competencia del Ayuntamiento.
Para poder construir en ese municipio tenían que pagar entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda y ha asegurado que «todo el mundo lo hacía» y para remarcar esta idea ha asegurado que no ha conocido a ningún promotor urbanístico que haya conseguido construir vivienda publica sin pagar comisiones.
En Parla llegó a pagar 600.000 euros a «un tal José Luis» que decía ser un intermediario del entonces alcalde, el exlíder del PSM Tomás Gómez, a cambio de adjudicaciones, si bien ha precisado que no trató con él y que solo le dijeron que «iban para el jefe».
Esta comisión se dividió en 200.000 euros en gastos electorales para el PSOE local y 400.000 en efectivo, según la versión que ha ofrecido durante tres horas ante el juez de Púnica, Manuel García Castellón, al que ha relatado cómo se hacían esos pagos en los municipios madrileños de Parla y Getafe.
Durante su declaración, que se ha prolongado cerca de tres horas, Marjaliza ha confirmado la información adelantada por el diario ‘El País’ y que obra en el sumario de la trama, según la cual tanto él como Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación a una empresa de Marjaliza de tres obras de Metro de Madrid.
Se refiere a unos trabajos adjudicados en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el gobierno madrileño presidido por Esperanza Aguirre en el Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur.
Empresa de López Madrid
El sistema que utilizaron, según las fuentes presentes en la declaración, fue que López Madrid, como amigo de Granados, le vendió al constructor una de sus empresas, Elsan, vaciándola de patrimonio y de deudas para que resultase la adjudicataria de las obras que ahora se investigan.
Algunos abogados de las defensas han mostrado su queja porque no se les ha permitido preguntar por los motivos de esta declaración, que se produce a petición propia, así como por su nivel de colaboración con la Justicia.
En relación a este punto, el investigado ha intervenido para aclarar que no tiene ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y que su actitud responde a una estrategia de defensa acordada con su letrado.
Preguntado a las puertas de la sede judicial tras su declaración, Marjaliza ha dicho que no se siente amenazado pero sí ha mostrado su preocupación, «cómo es lógico», por su familia. Se refiere a las presuntas amenazas que habría recibido por parte de Granados, el cual, por su parte, le interpuso una querella por vincularle con el narcotráfico. (EP)
