La Fiscalía y las defensas de los acusados por un presunto delito de cohecho por el supuesto encargo del empresario Javier López Madrid al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que hostigase a la dermatóloga Elisa Pinto han pedido su absolución por falta de pruebas.
Así lo han solicitado estas partes en sus respectivas exposiciones de los informes finales este martes en la última sesión del juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Nacional (AN) contra López Madrid, el comisario Villarejo y su socio Rafael Redondo, y que ha quedado visto para sentencia.
Tanto las defensas como el Ministerio Fiscal han asegurado que no se ha hallado un supuesto pago de López Madrid a Villarejo –o a su grupo empresarial, CENYT– para que interecediese en su conflicto personal con la doctora.
En este sentido, el abogado del comisario jubilado ha indicado que «ni los hechos objeto de acusación ni el propio escrito» de la abogada de Pinto «contienen la descripción fáctica que permitiría condenar por cohecho».
Por su parte, la defensa de Redondo ha insistido en que «no se ha podido demostrar» que López Madrid pagase a Villarejo y que la actuación de su representado en los hechos investigados «es nula».
Por ello, el letrado asegura no entender «qué tiene que ver» la visita que Redondo y López Madrid realizaron a la consulta de Pinto con el delito de cohecho y ha dicho que su cliente es «una víctima colateral de una guerra ajena».
Respecto a López Madrid, su abogado también ha reiterado la falta de un documento que acredite el pago a Villarejo y ha sostenido que «nunca le dijo que era funcionario en activo».
FISCALÍA DICE QUE NO HUBO «DÁDIVA, PRESENTE O PROMESA»
El Ministerio Público –que rechazó que se abriera juicio contra los acusados al no ver delito– ha pedido su absolución al no apreciar «dádiva, presente u ofrecimiento de promesa» del empresario a Villarejo para realizar el encargo. Una condición que, según él, se trata del «elemento objetivo concominante» del delito de cohecho.
Así, ha reconocido que hay «elementos desfavorables» a su tesis absolutoria, tales como la frase «entrega 10 a cuenta», encontrada en la agenda de Villarejo.
Pese a que para el fiscal las anotaciones del comisario jubilado «tienen valor probatorio», esa frase «no despliega la energía probatoria suficiente para destruir la presunción de inocencia».
Y sobre las analogías con otros procesos judiciales que ha protagonizado Villarejo esgrimidas por la defensa de Pinto, el Ministerio Público ha argumentado que «son perfectamente conocidos», pero «no tienen valor probatorio».
PINTO FUE «VÍCTIMA» DE UNA «MUERTE CIVIL»
En su exposición del informe final, la abogada de Pinto, Ana Blanco Vázquez de Prada, ha mantenido su petición de condena y ha señalado que el pago ha quedado «perfectamente acreditado» en este proceso judicial, pero que «rara vez» se tiene un registro de las «hojas de encargo».
La acusación ha indicado que la primera denuncia de Pinto fue en el año 2014 y que Villarejo «estaba anotando» en sus agendas «lo que ella estaba denunciando».
«En todas sus denuncias, la doctora repitió una y otra vez lo mismo, que quedó constatado por las agendas del señor Villarejo», ha incidido.
Al igual que la Fiscalía, ha hecho referencia a la frase «entrega 10 a cuenta», lo que, según ella, demostraría que el pago «se entregó en efectivo y, por lo tanto, no hay absolutamente ningún pago».
Y ha señalado que en las anotaciones del comisario jubilado «jamás se habla de los otros procedimientos que en ese momento tenía abiertos López Madrid», sino que «únicamente» se habla de «llamadas de teléfono amenazantes», presuntamente realizadas por Pinto.
«No hubo otro encargo, hubo este encargo. A este encargo es al que se refieren las agendas en todo momento, sin que hayamos podido identificar ningún otro», ha concretado.
Asimismo, la letrada ha recordado que López Madrid «no quería denunciar», lo que, según ella, «delimita el delito que se cometió».
Además, ha señalado que la doctora se enfrentó a una «muerte civil» después de que apareciese en los medios de comunicación que era «una psicópata de manual», en línea con el «informe del inspector Alberto Carba».
«Sin ser una persona pública, ni un personaje público, estaba sufriendo el tener que abrir a las 9 de la mañana la puerta de su consulta y tener pacientes, uno seguido del otro, que el día anterior por la mañana se habían levantado leyendo que era una psicópata de manual y que había utilizado a su hijo para realizar las llamadas amenazantes», ha lamentado la abogada.
Los tres acusados han renunciado a su derecho a la última palabra, y la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha dejado el juicio visto para sentencia.
VILLAREJO NEGÓ HABER COBRADO POR EL ENCARGO
Villarejo aseguró en su declaración ante el tribunal que su actuación en el conflicto personal entre López Madrid y la dermatóloga se limitó a que el primero le utilizó «como psiquiatra y se ahorró los honorarios».
El comisario jubilado aseguró que conoció a López Madrid en el verano de 2013, después de que se lo presentase el empresario con el que compartía planta en su grupo empresarial CENYT. Esta persona le comentó que «un amigo» tenía un problema.
Al conocer su caso, Villarejo explicó que le pareció «el clásico problema sentimental, donde dos personas habían roto y una de las partes no había aceptado la ruptura».
El comisario jubilado hizo alusión a un audio en el que se le escuchaba decir que López Madrid «era un tipo muy pesado» y explicó que le utilizó «como psiquiatra», ahorrándose «los honorarios».
Asimismo, negó haber cobrado dinero por el presunto encargo, así como haber entregado a López Madrid una «hoja de encargo profesional con los servicios» que podía prestar desde CENYT.
PINTO: «LÓPEZ MADRID TENÍA EL PODER Y LOS CONTACTOS»
Por su parte, Elisa Pinto declaró que el empresario Javier López Madrid contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo porque «era experto en hacer coartadas» y porque podía «ayudarle a hundir cualquier denuncia» por las presuntas amenazas que la doctora estaba recibiendo.
«En una de las múltiples llamadas que me hacía, me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo, que era experto en hacer coartadas y que podía hacer que cualquier denuncia que yo le pusiera quedase sepultada. Y que era, además, experto en poner en su sitio ‘a las chulas’ como yo», aseguró.
Y mantuvo que «no quería denunciar el acoso» porque el empresario «tenía el poder» para destruirla «personal y profesionalmente». En este sentido, sostuvo que «quería que todo parara».
«Él tenía el poder, tenía los contactos con los centros hospitalarios con los que yo trabajaba y era amigo de los pacientes que iban a mi consulta», concluyó.
