El empresario Javier López Madrid ha negado ante la Audiencia Nacional haber contratado los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo para que amenazase a la doctora Elisa Pinto debido a un conflicto personal. “No entregué ni un euro a Villarejo. Yo no le encargué nada al señor Villarejo”, ha afirmado.
Así se ha expresado este lunes López Madrid, en su declaración como acusado en el juicio contra él, Villarejo y el socio del comisario jubilado, Rafael Redondo por un presunto delito de cohecho.
López Madrid ha afirmado haber recibido «más de 1.500 llamadas» en ocho meses, «más otras tantas» su mujer, hijos y amigos.
El empresario ha acusado a Pinto de haber sido quien hacía estas llamadas desde tarjetas de prepago y cabinas telefónicas.
Fue después de relatarle esta situación a un amigo común, el banquero Donato González, presidente en España del grupo Société Générale, quien le recomendó que se pusiera en contacto con un amigo común, el «excomisario Villarejo» –un «investigador privado»–, debido a la fuerte presión personal y familiar que estaba sintiendo. Lo que hizo en 2013.
Con ese fin, acudió a la oficina de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, para intentar solucionar esta «dramática situación» en la que ha contado que se encontraba.
La abogada de la acusación popular, Ana Blanco Vázquez de Prada, quien representa en la causa a la doctora Pinto, ha preguntado al acusado sobre las «más de 60 llamadas» entre él y Villarejo.
«Yo voy a ver a este señor como voy a ver a otros tantos señores que están en la causa. Y voy movido por un estado emocional y personal completamente destrozado. Voy buscando confort, voy buscando ayuda y gente que me escuche», respondió.
Asimismo, precisó que supo que Villarejo seguía formando parte de la Policía en el año 2017 y ha reiterado que el comisario jubilado «nunca» le pidió dinero. «No hablamos de dinero», ha remachado.
LA DENUNCIA ANTE LA POLICÍA FUE UN «FAROL»
El empresario acusado ha explicado, a continuación, que el comisario jubilado le recomendó denunciar a la doctora, pese a sus reticencias intentando «evitar un escándalo».
Por ello, Villarejo le aconsejó: «Vete a ver a esta señora y dile que pare».
Así las cosas, López Madrid acudió a la consulta de la doctora junto a Redondo, que le acompañó por recomendación de Villarejo en calidad de «testigo». Según ha contado, su «único objetivo» era que la dermatóloga le «dejara en paz».
La abogada de la acusación popular, le ha recordado, durante el interrogatorio, que, en ese encuentro, el empresario le amenazó diciéndole que «iba a venir a ver la policía».
López Madrid ha reconocido que esto se trataba de un «farol» para que cesaran las llamadas.
En este momento, el acusado ha solicitado la transcripción del audio de ese encuentro y ha leído en alto algunos pasajes: «Déjame en paz. No vuelvas a hacer una sola llamada acosando a nadie, ni a mis amigos, ni a mi círculo, ni a mis hijos, ni a mis amigos, ni a mis examigos. No lo vuelvas a hacer. La policía va a venir, y te garantizo que tienen todas las pruebas».
Esta causa forma parte del denominado caso Villarejo y se centra en un presunto delito de cohecho, al considerar la acusación que López Madrid habría contratado al entonces comisario —adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía— para hostigar y desacreditar a la dermatóloga.
Los hechos se remontan a una denuncia presentada por Pinto hace doce años, tras un incidente en su consulta y una posterior agresión con un objeto punzante cuando se disponía a subir a su coche en presencia de su hijo menor.
Pinto sostiene que Villarejo fue el autor del ataque y que actuó por encargo del empresario.
Pese a que López Madrid ha sido el primero en declarar, tanto Villarejo como Redondo lo harán al final del juicio, tal y como han solicitado en sus cuestiones previas.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha permitido que los acusados no declaren en bloque.
La acusación de Pinto pide 6 años de prisión para Villarejo y López Madrid por delitos de cohecho y 4 años para Redondo por su presunto papel como cómplice del comisario jubilado, según su escrito de acusación.
La Fiscalía rechazó formular acusación y es partidaria de la absolución.
PINTO SE SINTIÓ AMENAZADA
Según expone en el escrito de acusación, López Madrid estuvo «varias veces» en las oficinas de CENYT y, en diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la doctora junto a Redondo, «que acudía en calidad de abogado», asegura.
La letrada que representa a Pinto incide en que dicho encuentro se produjo «con intención de hostigarla». «La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia», precisa la abogada.
Y añade que, a partir de 2014, Villarejo «se dedicó a hostigar» a la doctora «para evitar que denunciase» a López Madrid. En abril de ese año, cuando la mujer decidió denunciar al empresario, el comisario jubilado «accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial», puntualiza.
En particular, la abogada refiere que Villarejo «solicitó la ayuda de funcionarios policiales para emitir certificados que le permitieran retrasar» una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte.
Al margen del litigio derivado de su conflicto con la doctora Pinto, López Madrid tiene aún pendiente sentarse en el banquillo por su implicación en el caso Lezo, una investigación sobre una red de corrupción vinculada a Ignacio González, ex presidente madrileño del Partido Popular.
En esa causa, el Ministerio Fiscal reclama para él una pena adicional de seis años de prisión, al atribuirle un papel clave en la adjudicación fraudulenta de las obras del tren a Navalcarnero, concedidas en 2007 por un importe de 360 millones de euros.
Según la acusación pública, López Madrid fue el principal artífice de la operación irregular.
