La propuesta de reglamento para dar una solución definitiva al colectivo de magistrados y magistradas que superaron las pruebas de especialización en los órdenes civil y penal convocadas por el órgano de gobierno de los jueces en 2011 no cuenta con mayoría suficiente, según ha podido pulsar Confilegal entre los vocales.
Dichas pruebas fueron anuladas por sendas sentencias del Tribunal Supremo, que dejaron sin validez varios artículos del Reglamento de la Carrera Judicial.
El texto que se someterá a votación por el Pleno, ha sido elaborado por el vocal Mario Macías, y ha sido impulsado por el presidente de la institución, Carlos Lesmes.
En el mismo el ponente dice que que la especialización en los órdenes civil y penal fue vista, «y sigue siendo vista por este Consejo», como una necesidad y un instrumento que permitía poner de manifiesto la concurrencia de mérito y capacidad de los miembros de la Carrera Judicial que optasen al desempeño de determinadas plazas.
La aprobación de la Ley Orgánica 7/2015, que entró en vigor el 1 de octubre de ese año, ha habilitado al CGPJ para, mediante reglamento, establecer y regular otras pruebas de especialización además de las previstas en la LOPJ y reconocer y valorar las pruebas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la propia ley.
Sin embargo, las posibilidades de que salga aprobado por una mayoría suficiente son escasas.
Unos vocales no creen que deba existir especialidad de lo civil y penal, otros no creen que la disposición transitoria habilite al Consejopara tomar ninguna decisión y otros porque creen que, de hacerlo, volverá a ser tumbada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Supremo.
Con ello, dejaría la vía abierta al presidente Lesmes para instar al Parlamento a llevar a cabo una reforma legal que afronte el problema, que el propio Lesmes contribuyó a crear al participar en la sentencia que declaró la nulidad y, después, al auspiciar la citada disposición transitoria con la que se pretendió buscar una controvertida solución y que no ha servido al resultado buscado.
Una reforma legal por vía parlamentaria que es la vía buscada, al final.