La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) profundamente «rechaza» el «sistema de nombramiento» que se ha aplicado para designar, a través del pleno del Consejo General del Poder Judicial del pasado jueves, a 3 nuevos magistrados para el Tribunal Supremo.
FJI «siempre ha exigido que, en los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Supremo, que inciden directamente en la independencia judicial así como en la separación de poderes, se regulen específicamente las bases y requisitos para tal designación a fin de conocer, conforme a datos objetivos que respeten los obligados criterios de mérito y capacidad, los motivos que han conducido a la elección de uno de los candidatos en detrimento de los demás», dicen en un comunicado hecho público ayer.
De acuerdo con esta asociación de jueces, para poder evaluar y motivar el nombramiento es necesario que esté previamente regulado, reglamentado y tasado, a fin de evitar arbitrariedades prohibidas en el ordenamiento jurídico español y por el respeto a los principios que conforman la esencia de la democracia.
FJI llama la atención sobre la importancia que supone la elección de los magistrados del Tribunal Supremo: sus «resoluciones conformarán la jurisprudencia que orientará el sentido de las decisiones judiciales de toda la Carrera Judicial, es elemental que la valoración pivote sobre las funciones propias de jueces y magistrados, la permanencia en la jurisdicción y el dictado de resoluciones judiciales».
SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Esta asociación, además, recuerda la Recomendación VI del informe sobre España elaborado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) en el que llama la atención sobre la necesidad de elaborar una legislación que establezca los «criterios objetivos y reglas de evaluación para la designación de los altos cargos de la judicatura, al objeto de que dichos nombramientos no susciten dudas sobre la independencia, imparcialidad o transparencia del procedimiento».
Para FJI la situación actual es «insostenible» y exige una reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial para «restablecer la elección democrática» de los 12 vocales jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial, y para «regular los requisitos para la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo y a establecer la elección democrática, por los integrantes de la Carrera Judicial, de las Presidencias de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia».
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hizo públicos los curriculums de los candidatos hasta después de su designación, imposibilitando conocer de antemano la trayectoria profesional y los méritos tanto de los aspirantes como de los elegidos.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la organización no gubernamental Transparencia Internacional distinguieron al CGPJ con el II Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción, el pasado mes de noviembre.
«El jurado ha valorado el trabajo del Grupo de Transparencia del CGPJ, coordinado por la vocal Mar Cabrejas, para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación del órgano de gobierno de los jueces», razonaron el CGAE y Transparencia Internacional para explicar el premio, según publicó el propio CGPJ en su portal.
