El Servicio Canario de Salud (SCS) deberá pagar 52.774 euros a una familia de Fuerteventura por la muerte de una paciente con epilepsia desde niña a la que no realizó todas las pruebas que precisaba -y que podía hacer sus hospitales- para diagnosticar de forma adecuada sus problemas.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso CONFILEGAL, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria considera probado que durante los años que esa paciente fue atendida por distintos servicios de la sanidad pública canaria, desde los 7 u 8 años por numerosas crisis convulsivas, -la joven murió a los 21 años en su casa-, hubo descoordinación entre las unidades que la examinaron y trataron, «falta de datos en su historia clínica».
La jueza considera al SCS responsable patrimonial de la muerte de esa joven de Fuerteventura porque entiende que hay pruebas de que se le hizo «perder la oportunidad» de tener un mejor diagnóstico de su epilepsia, lo que le hubiera dado opción a un tratamiento adecuado.
La sentencia, hecha pública por la asociación «El Defensor del Paciente«, que asistió jurídicamente a la familia afectada, entiende acreditado que se tenía que haber hecho a la joven una prueba diagnóstica concreta, denominada “Vídeo-electroencefalograma”, «conforme recomienda la Liga Internacional contra la Epilepsia«, que hubiese determinado el fondo epiléptico y así ser tratado convenientemente farmacológica o quirúrgicamente en su caso.
Una prueba que había sido recomendada por sus médicos y que ella misma llegó a pedir de manera «urgente».
Sin embargo, no se le hizo porque el aparato que tenía para tal fin el Complejo Hospitalario Materno Infantil-Insular de Gran Canaria estaba estropeado, algo de lo que no se informó a la paciente.
En su fallo, según la asociación «El Defensor del Paciente«, «la jueza aplica la injusta teoría de la pérdida de oportunidad» y no a la certeza de que el fallecimiento se hubiese evitado, reduciendo la cantidad que por Baremo correspondería y estableciendo una indemnización a los padres de 52.774 euros, más los intereses legales desde la primera reclamación».
Además, remarca que el SCS no informó a la familia de esa incidencia, ni tampoco de que había otro equipo disponible en otro de sus hospitales en Tenerife.
