El Gobierno de Asturias indemnizará con 14.000 euros a la familia de una paciente que fallecía de cáncer de pulmón, sin que en la atención sanitaria le informaran sobre ello, ni la tratasen adecuadamente. Una falta de diagnóstico que se produjo debido a un fallo informático, pero ante el que el reconocimiento autonómico no es suficiente.
Ana María, de 71 años, acudía en mayo de 2023 al Hospital Universitario de Cabueñes, en Asturias. Un ingreso en el Servicio de Cirugía Vascular en el que se le realizaba una radiografá de tórax.
Prueba en la que, de forma incidental, se identificaba «una imagen anómala en el campo medio del pulmón izquierdo, compatible con una lesión medular». Un hallazgo ante el que se le solicitaba una tomografía con prioridad urgente. Una prueba que, sin embargo, no llegaba nunca a realizarse.
Y es que un fallo informático del sistema del hospital provocaba que la petición quedase «anulada». Y que la mujer, sin ser informada del hallazgo, recibiese el alta médica.
Ello, hasta que, en enero de 2025, menos de dos años más tarde, la mujer ingresara nuevamente de urgencia en el Hospital del Oriente de Asturias, por «disnea intensa y deterioro de estado general».
«Tras la realización de diversos estudios, se llegó al diagnóstico de neoplasia pulmonar en estadio IV, con gran afectación metastásica y obstrucción bronquial completa». Un diagnóstico que llegaba tarde, falleciendo Ana María apenas dos días más tarde por la evolución del tumor.
Caso ante el que la familia de la fallecida, representada por el abogado Eduardo Curiel, colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, presentaba una reclamación de responsabilidad ante la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias.
Una indemnización que no reconoce el daño a la paciente
«La ausencia de un diagnóstico precoz tras la radiografía, en junio de 2023, condicionó una pérdida de oportunidad de un tratamiento eficaz», asegura la hija de la fallecida.
Unos hechos ante los que, pese a que no se pueda afirmar con certeza «que la paciente hubiera salvado su vida, sí puede establecerse con un grado elevado de probabilidad que, de haberse actuado con la diligencia exigible, la evolución clínica, el pronóstico vital y la calidad de vida hubieran sido sustancialmente distintos».
Algo por lo que la familia reclamaba una indemnización de 93.096,82 euros.
Petición que estimaba, pero sólo parcialmente, la administración pública asturiana. Ello, reconociendo el error en la falta de diagnóstico, pero reduciendo las consecuencias que este error pudo tener en la vida de Ana María. Ello, debido a las patologías cardiovasculares de la mujer, y la edad que tenía cuando se produjo el retraso de diagnóstico.
«Considerando la limitada probabilidad de que la actuación médica omitida hubiera conducido a un resultado beneficioso, y la incertidumbre acerca del alcance o entidad del mismo, estimamos que procede cuantificar la indemnización en 10.000 euros para la hija, y 4.000 euros para el nieto de la paciente», explica el informe del Gobierno asturiano.
Un escrito en el que, eso sí, la administración reconoce «explícitamente las deficiencias del sistema de gestión y corrobora la cadena de errores que desembocaron en la falta de diagnóstico».
Indemnización, muy por debajo de la solicitada, que lamentaba la hija de la fallecida.
«Para nosotros no es sólo una cantidad económica. Es el reconocimiento de que mi madre no recibió la atención que debía. Sentimos que, aunque reconocen el error, no se reconoce plenamente el daño», lamenta Fabiana Rodríguez.
Unas palabras que apoya Eduardo Curiel, defensa del caso.
«La resolución confirma que existió un funcionamiento anormal del servicio sanitario. Sin embargo, se reduce la indemnización bajo el argumento de la incertidumbre sobre el resultado final. Esa incertidumbre no puede jugar siempre en contra de la víctima cuando deriva del error cometido», critica.
