La muerte de una paciente de 65 años en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella (HUCS) ha desencadenado una reclamación patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tras acreditarse que no pudo acceder durante tres días a un medicamento antiagregante vital para su recuperación tras un infarto agudo de miocardio.
La Asociación El Defensor del Paciente, en representación de la familia, ha presentado la reclamación —por un importe de 198.500 euros— al considerar que la demora en la autorización del visado constituye un “funcionamiento anormal del servicio público”. El procedimiento ha sido formalizado por el abogado Damián Vázquez, colaborador jurídico de la entidad y especialista en derecho sanitario.
Una falta de medicación que acabó en fallecimiento
La paciente sufrió un infarto el 15 de abril y precisó la implantación de varios stents. El cardiólogo prescribió el tratamiento el día 16 y el 18 de abril, Viernes Santo, recibió el alta médica, con la indicación expresa de la importancia de iniciar de inmediato la medicación prescrita. Según la familia, no se le informó de que uno de los fármacos esenciales, Ticagrelor, estaba pendiente de visado.
Ese mismo día acudió a la farmacia de guardia, donde solo le dispensaron parte del tratamiento. El Ticagrelor no pudo ser entregado por falta de autorización. La situación se repitió en dos visitas posteriores el sábado, lo que llevó a la paciente a solicitar un justificante para presentar una queja en el hospital.
Durante el fin de semana, la mujer contactó telefónicamente con el centro sanitario, donde —según la familia— le indicaron que no era posible agilizar el visado. El lunes 21 de abril, cuando se dirigía en autobús al hospital para reclamar, sufrió un nuevo infarto. Pese a los intentos de reanimación, falleció en el propio HUCS.
El visado fue aprobado ese mismo día a las 16:15 horas, cinco horas después del fallecimiento, tres días después del alta y cinco días tras la prescripción hospitalaria.
Críticas de la familia y del Defensor del Paciente
Los familiares califican la situación de “inadmisible” y denuncian que la falta de acceso al medicamento durante los días festivos “ha costado la vida” a la paciente. Señalan, además, que el hospital no proporcionó dosis para cubrir el periodo festivo, práctica habitual —afirman— en casos de alta reciente tras intervenciones coronarias.
El abogado Damián Vázquez sostiene que la demora en el visado es “médica y jurídicamente inadmisible” y subraya que la evidencia científica relaciona directamente la interrupción o el retraso en el inicio del tratamiento antiagregante dual con un incremento del riesgo de trombosis del stent, reinfarto y muerte cardiovascular, especialmente en pacientes con el perfil clínico de la fallecida.
Por su parte, Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente, insiste en que la muerte “era totalmente evitable” y atribuye la responsabilidad al SAS por no haber autorizado o dispensado la medicación en tiempo.
La reclamación patrimonial solicita que se depuren responsabilidades y que se eliminen “protocolos ineficaces” que, según Vázquez, ponen en riesgo a los pacientes. El letrado insta al SAS a garantizar que los visados de medicamentos esenciales se tramiten con carácter urgente en situaciones de gravedad o en pacientes recién intervenidos.
