El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra declarará en la Audiencia Nacional el próximo 20 de febrero en calidad de investigado en el marco de la causa por el presunto agujero patrimonial en la entidad de más de 720 millones de euros. Junto a él también declarará el ex director general Adolf Todó.
En su auto, el juez Ismael Moreno emplaza a otros trece altos cargos de la caja para esa misma semana, entre ellos al que fuera vicepresidente de Catalunya Caixa en 2007, Antonio Llardén, que comparecerá ante el titular del juzgado central de Instrucción número 2 el próximo día 22.
La presente causa investiga una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en los que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (PROCAM).
En este sentido, el fiscal Fernando Maldonado distingue dos períodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos económicos «relevantes», y entre 2008 y 2013, momento en el que ya se hizo patente la imposibilidad de desarrollar los proyectos.
La Fiscalía señala que los órganos de gobierno de la entidad bancaria aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España y también en Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía «un riesgo en la inversión».
«En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados«, destacaba la Fiscalía.
En cuanto a la actuación concreta de los exdirectivos, incluido el que fuera exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la Fiscalía detectó una «total falta de preparación técnica» de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta.
Por ello, el Ministerio Público concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran «quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho».
Con este criterio, añade la Fiscalía, el banco realizó inversiones en lugares como Cracovia, para la construcción de más de 2.000 viviendas, Valdemoro (Madrid), Molina de Segura (Murcia) o Chiclana (Cádiz). (CONFILEGAL/EP)
