Conscientes de que «la unión hace la fuerza» y que la división no produce nada, las cuatro asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales) -el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión progresista de Letrados (UPSJ), el Sindicato de Letrados (SISEJ) y la Asociación Independiente de Letrados (AINSEJU)- han creado una Coordinadora para la defensa de los intereses de su gente y de la modernización de la Justicia.
El objetivo concreto es el de «promover acciones conjuntas sobre propuestas unitarias y consensuadas de mejora que contribuyan a la modernización de la Administración de Justicia en todos los órdenes, procesal, organizativo y tecnológico, como servicio público básico y esencial de la ciudadanía, junto a las necesarias medidas que exige ese objetivo, de modernización estatutaria y profesional del Cuerpo al que representan y la actualización de su régimen salarial y de derechos profesionales».
Las cuatro asociaciones, según un comunicado hecho público, se comprometen a trabajar, desde la Coordinadora recién nacida, en ofrecer «al gestor político de cuanto consideremos preciso para el desarrollo de los proyectos de modernización de la Justicia en todos los órdenes y siempre orientado a las personas, exigiendo esa escucha activa para alcanzar los debidos acuerdos que demanda una lógica esencial en garantía del éxito de los proyectos en marcha y los que estén por diseñar y propongamos».
Otra de sus metas es conseguir el reconocimiento social de su Cuerpo Superior, mejorar su Estatuto para que se adapte al fin para el que está llamado, y para garantizar sus derechos y la carrera profesional.
La reivindicación salarial es, también, una de las banderas que enarbola la nueva Coordinadora de Letrados de la Administración de Justicia, que recuerda que desde las reformas de 2009 sus derechos se han visto minorados «con respeto a las funciones que ejercemos».
«En definitiva trabajaremos para que nos ubiquen en la posición, que como Cuerpo del Estado, demandan los principios legales de nuestra actuación y que reconoce la Ley orgánica del Poder Judicial, de autonomía, independencia en todos los órdenes, legalidad e imparcialidad», concluyen.
