La contratación electrónica es la herramienta clave para lograr la transparencia en las instituciones. Y con ello la trazabilidad completa de los procesos de adjudicación, ahorro de costes o mayor competencia, características estas de la contratación electrónica puestas en valor por expertos, en diversos paneles, como José María Marín Quemada (presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia), Jesús Lizcano (presidente de Transparencia Internacional), Rafael Díaz-Regañón (director general de Recursos y Gestión de la Federación Española de Municipios y Provincias), José Luis Arístegui (director general de VORTAL Connecting Business) o Víctor Almonacid (secretario general del Consell de Ibiza y experto en innovación electrónica en el sector público).
Fue en el curso de la segunda jornada final del III Congreso Nacional de Contratación Pública Electrónica (CNCE18), que ayer se clausuró en Madrid y que tuvo como referente directo el 9 de marzo próximo, fecha en la que entrará en vigor la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
Una fecha que pone a las administraciones ante el reto de adaptar sus procesos a la obligatoria contratación electrónica.
De acuerdo con Arístegui, hoy en día sólo un 5 por ciento de las Administraciones están hoy litigando electrónicamente, por lo que subrayó la necesidad de una coordinación con respecto a la contratación pública en España. «El reto no es tecnológico sino psicológico. De gestión del cambio», aseveró.
La falta de medios materiales y personales para poder realizar la transformación hacia la licitación electrónica, a 22 días días la entrada en vigor de la LCSP, también se puso de manifiesto en el CNCE18, además de la necesidad de ahondar en la regulación de la seguridad informática para cumplir con la protección de datos o los retos a los que se enfrentan sectores específicos, como el sanitario.
Una sensación que emergió en casi todos los paneles del día, «Seguridad de la información y protección de datos en la contratación pública electrónica», «Los pequeños municipios y la contratación pública electrónica», «La contratación pública sanitaria ante la nueva LCSP Ley 9 /2017», y «La nueva compra pública electrónica, el procedimiento de subasta pública electrónica, el sistema dinámico de adquisición y los acuerdos marco ¿cómo se tramitan?, experiencias», en los que intervinieron un total de 16 expertos.
EL 9 DE MARZO, UNA OPORTUNIDAD
«El 9 de marzo es una oportunidad. Los profesionales de la compra pública deben exigir a los que toman la decisión de proveer de plataformas electrónicas, soluciones que aporten valor y automaticen procedimientos burocráticos para que el comprador pueda dedicarse a la planificación y a las decisiones estratégicas de compra», opinó Luis Alegre Espert, director de Sanidad de VORTAL.
Transparencia y buen gobierno fueron los protagonistas de este encuentro, en el que se mostraron casos de éxito de contratación pública electrónica, así como soluciones para integrar a la ciudadanía en la supervisión de los procedimientos de contratación.
Para ello, Lizcano apostó por los pactos de integridad, que suponen un acuerdo entre la entidad pública que licita, las empresas que aspiran a ser adjudicatarias y los representantes de la sociedad civil.
En el marco de este Congreso también se presentó el libro «Las consecuencias electrónicas de la nueva Ley de Contratos del Sector Público–Código electrónico práctico de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre», una obra colectiva dirigida por Jaime Pintos Santiago, abogado consultor especialista en contratación pública, en la que participan como autores Arístegui, Jorge Fondevila y Julián de la Morena, expertos en este ámbito.
La obra tiene como objetivo «servir de herramienta de consulta y ayuda al gestor de la contratación pública. Una herramienta, en suma, ideada para estar acompañándole permanentemente en su mesa de trabajo», explicó el autor.
