El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, la tramitación de la reforma que había planteado Ciudadanos para «garantizar la independencia» del Ministerio Fiscal respecto al Gobierno de turno y evitar «injerencias políticas», la cual incluía la elección del fiscal general del Estado por una mayoría parlamentaria reforzada.
La iniciativa de los de Albert Rivera se ha topado con el rechazo frontal del PP, el PSOE, ERC, PNV y PDeCAT, Coalición Canaria y Nueva Canarias, así como con la abstención de Bildu. Sólo Unidos Podemos y Compromís han respaldado la admisión a trámite del texto de la formación naranja.
Cuando la proposición de ley de Cs fue debatida por el Pleno el martes pasado, el PP y el PSOE le reprocharon que pretendiera impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al margen de la subcomisión parlamentaria donde se está negociando un Pacto por la Justicia.
La formación naranja abandonó recientemente dicha subcomisión al ver que no se aceptaba su planteamiento de que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados y no por el Congreso.
Los ‘populares’ consideran que la iniciativa de Ciudadanos sobre la Fiscalía es una «reforma mediática», mientras que los socialistas aprecian «claros tintes populistas». Al igual que los dos grupos mayoritarios, ERC, el PDeCAT y el PNV criticaron el martes a Cs por obviar los trabajos parlamentarios sobre el Pacto por la Justicia.
INDEPENDENCIA ORGÁNICA, FUNCIONAL Y PRESUPUESTARIA
Según el portavoz del partido naranja en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, el objetivo de la reforma es «desanclar» al Ministerio Público del Ministerio de Justicia dotándole de «independencia orgánica, funcional y presupuestaria». Por su papel clave en el Estado de Derecho, la Fiscalía no puede funcionar como «correa de transmisión entre el poder ejecutivo y los tribunales», subrayó.
Ciudadanos registró esta iniciativa en el Congreso en junio de 2017 argumentando que, con el telón de fondo de la corrupción y del «continuo descrédito» de las instituciones, existía una «sombra de sospecha» sobre el funcionamiento de la Fiscalía que hacía necesario sustraerla del debate partidista.
La reforma contemplaba que el fiscal general del Estado sea propuesto por el Gobierno, pero la novedad es que el candidato habría de ser sometido a una votación en el Pleno del Congreso y para su ratificación sería necesario el apoyo de al menos dos tercios de los miembros de la Cámara.
Además, el candidato debería haber sido elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 25 años de ejercicio de la profesión, en vez de los 15 años que se exigen ahora, y no podría haber desempeñado ningún cargo público o electivo durante los diez años anteriores. Ciudadanos también propuso ampliar de cuatro a seis años el mandato del fiscal general del Estado y permitir su destitución por parte del Congreso.
Otras medidas que incluía la reforma son la autonomía presupuestaria de la Fiscalía, la posibilidad de recusar a fiscales, que las instrucciones a subordinados sobre asuntos particulares se tengan que dar por escrito y solo de forma excepcional y que el Gobierno y el Ministerio Público se comuniquen siempre por escrito. Asimismo, el Consejo Fiscal debería aprobar la sustitución de fiscales en casos concretos, así como los nombramientos y los ascensos.
UN DISLATE JURÍDICO, SEGÚN EL PSOE
La proposición de Ley de Ciudadanos supone un «dislate jurídico constitucional con claros tintes populistas», según el portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Juan Carlos Campo.
“Mi grupo parlamentario que siempre ha optado por dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal, en su obligación constitucional de promover la acción de la justicia, votará ‘No’ a esta toma en consideración”, ya que da “un giro contrario a la Constitución”, explicó Campo, exsecretario de Estado de Justicia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial.
La iniciativa que propone la formación naranja, de acuerdo con Campo, reside en el relato que hace de la situación.
“Nos dicen que el gran problema reside en que sobre el Ministerio Fiscal y sobre su actuación se enmaraña una sombra de duda sobre su funcionamiento”. Y sobre la actuación de los 3.000 fiscales de nuestro país “no hay ninguna sombra de duda, lo sí que hay es una sombra sobre su funcionamiento por la carestía de medios y por la falta de recursos humanos y por unos procedimientos que arrancan del siglo XIX”, le dijo Campo a Prendes.
Campo criticó también que Ciudadanos diga que la solución “es fácil” y que consiste en “sustraer a la institución del debate partidista”.
Así, aseguró que “el constituyente del 78, aunque hoy cuestionado, sigue siendo un gran constituyente para muchos y establece, en su artículo 97, “que el Gobierno dirige la política interior y exterior del Estado. Y política interior es igualmente la política criminal. Y en su artículo 124.4 nos dice que el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del poder judicial”.
Así, Campo aseguró que “es lógico que el nombramiento de los órganos que, de algún modo, han de materializar esa dirección política en nuestro sistema constitucional, sea una responsabilidad del Gobierno de la Nación”. “No hay nada de vergonzoso que Gobierno pueda nombrar al FGE y tampoco deteriora la calidad democrática del sistema”, matizó el portavoz del PSOE.
“¿Qué es lo que nos propone Ciudadanos?”. Para responder a esta pregunta, Campo se centró en “la propuesta número quince de la iniciativa de Ciudadanos, en la que figura que el Fiscal General del Estado será nombrado por el rey a propuesta del gobierno, oído previamente el Consejo Fiscal y el Consejo General del poder judicial y previo el trámite parlamentario previsto en el número siguiente de este artículo, que son las Cámaras, las que tienen que elegirlo con dos tercios. Si no logran los dos tercios de la Cámara es rechazado y el Gobierno tendrá que proponer otro”.
Aquí, el portavoz socialista le dijo a Ciudadanos que “repasen el programa electoral con el que concurrieron a las Elecciones de 2015, ya que en dicho programa aseguraban que no podían hacer esto porque provocaría una modificación de la Constitución”.
“Ahora esto ya no es necesario –apuntó- porque ustedes con la idea de un ‘Fiscal parlamentario’ lo que están haciendo es alterar todo el sistema democrático, porque realmente lo que les interesa es el dislate jurídico, rayando la inconstitucionalidad y con tintes populistas, ya que sustrae autonomía al Ministerio Fiscal en su obligación constitucional de promover la acción de la Justicia”, lamentó el portavoz del PSOE”. EP.
